La Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada 730 millones de dólares más de endeudamiento público, por iniciativa de Nuevas Ideas y con el apoyo de ARENA. Incluso, el FMLN votó por cuatro préstamos que suman 330 millones provenientes de la legislatura anterior.
El destino específico de la mayor parte de estos fondos se desconoce, solo se sabe que es financiar parte del presupuesto gubernamental de este año y dos préstamos son para el publicitado “Plan Control Territorial”: uno de 91 millones y otro de 109 millones de dólares (Por la no aprobación de este último préstamo en la legislatura anterior el presidente Nayib Bukele irrumpió en la Asamblea el 9 de febrero de 2020).
Según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), con este nuevo endeudamiento el país debe más de 23,000 millones de dólares, equivalentes al 92% del Producto Interno Bruto (PIB).
Este monto de deuda supera los límites históricos, podría provocar una grave crisis de finanzas públicas en el corto plazo y, por tanto, plantea la urgencia de buscar otras opciones de financiamiento estatal.
En este espacio editorial insistimos en la reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”. Esta propuesta se refiere a gravar el patrimonio de los más ricos: los 160 millonarios que -según OXFAM- acaparan unos 21,000 millones de dólares, que representan el 87% del PIB.
También incluye impuestos directos a la gran ganancia empresarial, a las grandes transferencias financieras y a los bienes y servicios de lujo.
Además, incorpora medidas para combatir la evasión tributaria que -según la UCA- ronda los 1,500 millones anuales y eliminar la elusión fiscal o “evasión legal”, para lo cual se debe modificar una veintena de leyes que contienen injustificados privilegios tributarios para las grandes empresas (leyes de Turismo, de Inversiones, de Zona Franca, entre otras).
Es criticable que la Asamblea, principalmente la súper mayoría oficialista, tome la vía fácil y peligrosa de aprobar más deuda, teniendo votos más que suficientes para impulsar la postergada reforma fiscal progresiva.
Si de verdad quiere actuar diferente a las anteriores legislaturas, la nueva gestión parlamentaria debería cambiar este injusto esquema tributario regresivo donde “pagan más los que menos tienen”.
