La semana pasada la mayoría parlamentaria oficialista reformó las leyes de veintitrés instituciones autónomas y semi autónomas del Ejecutivo, con el objetivo político expreso de “sacar a los representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)” de sus juntas directivas.

El paquete de reformas incluyó la normativa interna de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Banco Central de Reserva (BCR), Fondo Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), entre otras.

Al respecto, vale recordar que no es la primera vez que se hacen estas reformas. En agosto de 2012, la fracción legislativa del FMLN y sus aliados aprobaron cambios al marco legal de varias autónomas; sin embargo, éstas fueron revertidas por la Sala Constitucional integrada por Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco, magistrados que en algunos temas de derechos humanos fueron “progresistas” pero en el ámbito económico defendieron intereses pudientes.

Así que enhorabuena que la actual legislatura retomó esas reformas y haya sacado de las directivas de las autónomas a la ANEP, gremial afín al partido ARENA que copó esos espacios por su visión patrimonialista del Estado y para asegurarse que las políticas públicas favorecieran siempre los intereses empresariales.

El problema ahora es que a los representantes del sector privado los nombrará el presidente Nayib Bukele y -en algunos casos- sus ministros, lo cual significa que los nuevos delegados a las autónomas serán empresarios afines al gobierno. Es decir, se saca a la ANEP, pero se mete a empresarios cercanos a Casa Presidencial: “salir del fuego para caer en las brasas”, dice un dicho popular.

Entonces, ¿qué se debería hacer? Lo que se necesita es un verdadero proceso de democratización de los espacios directivos de las autónomas, mediante la participación de diferentes sectores sociales, académicos y empresariales. Así serían más representativos, plurales, transparentes y responderían a los intereses comunes.

No basta sacar a la ANEP, presidente Bukele. Usted que tanto habla por el pueblo debería generar procesos de participación ciudadana en la conducción de las instituciones autónomas. Las organizaciones sociales tienen muchas propuestas en todos los ámbitos del quehacer gubernamental.