Por petición del presidente Nayib Bukele, la mayoría parlamentaria oficialista aprobó la semana pasada, en forma exprés, una normativa que establece curso legal para la criptomoneda Bitcoin.

Así, El Salvador es ahora el primer país del mundo que adopta esta moneda virtual, lo cual ha generado todo tipo de reacciones: elogios de los “criptomonederos”, preocupación de los expertos, llamados de atención de instancias financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y hasta expresiones de burla hacia un presidente que -con tal de parecer “cool”- es capaz de tomar las decisiones más arriesgadas.

Las principales dudas giran entorno al carácter especulativo de las criptomonedas y la incertidumbre sobre los impactos macro y microeconómicos, es decir, en las cuentas grandes nacionales y en las finanzas de la gente. A esto se suma la preocupación por el secretismo de las transacciones y sobre la procedencia de los fondos, que se presta al financiamiento de actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando de armas, trata de personas, entre otras.

Por estas razones ningún otro país ha adoptado oficialmente las criptomonedas, a pesar de su uso y de algunos experimentos realizados. Los fraudes y la pérdida del valor real del dinero son inevitables cuando ningún Estado o banco central pone reglas: es como jugar en los casinos, como bien dijo el ex presidente del BCR, Carlos Acevedo.

Otras incertidumbres tienen que ver con el verdadero objetivo gubernamental. El presidente Bukele y los repetidores de su discurso hablan de facilitar el envío de remesas y sobre posibles inversiones en la llamada “minería de criptomonedas”, la cual -por cierto- tiene un alto costo ambiental debido al uso excesivo de energía para el funcionamiento de los mega servidores.

Sin embargo, el gobierno podría estar buscando en la “especulación criptomonedera” una salida alterna a la grave crisis de la finanzas públicas provocada por el desmedido endeudamiento estatal, en vez de hacerlo aprobando una reforma tributaria progresiva “donde paguen más quienes tienen más”, desprivatizando el sistema de pensiones, renegociando la deuda externa y evitando la corrupción, el despilfarro y los gastos innecesarios de su gestión.

Finalmente, es reprobable el procedimiento exprés, sin debate técnico y sin consultar a la población. Este modus operandi recuerda la dolarización, en el año 2001, durante el gobierno del tristemente célebre ex presidente arenero Francisco Flores.

Como recuerda una nota de El Faro, la dolarización se aprobó en una semana y la «bitcoinización» en tres días, desde el anuncio presidencial y sólo cinco horas en el proceso legislativo. “Las grandes explicaciones de la sucinta ley de dos páginas no se dieron en la comisión legislativa que la aprobó, ni en el pleno, sino en un chat virtual de Twitter, en el que participaron el presidente Bukele y dos de sus hermanos, en inglés y para inversionistas extranjeros”, señala el  semanario digital.

La dolarización fue “el secreto mejor guardado” de las élites financieras que la impusieron y la «bitcoinización» era inimaginable hace apenas un par de semanas. Por eso se podría decir que Nayib Bukele “ha resucitado a Francisco Flores”.