En una reunión transmitida en cadena nacional de radio y televisión, en marzo de 2020, a inicios de la pandemia de COVID-19, el presidente Nayib Bukele advirtió a sus ministros, secretarios y demás funcionarios cercanos que él mismo “metería preso” a “quien tocara un centavo” de los fondos para el manejo de la emergencia sanitaria.

El video de dicha declaración, incluso, fue difundido internacionalmente en redes sociales, para que el mundo admirara a un mandatario salvadoreño implacable contra la corrupción en su gobierno y que en algunos países muchos ciudadanos incautos hasta desearan “tener un presidente como Bukele”.

Sin embargo, la realidad fue otra: más de un año después, el presidente no ha metido a la cárcel a ningún funcionario, a pesar de que varios están señalados de “tocar muchos centavos”. Esto es confirmado en sendas publicaciones periodísticas y por investigaciones de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) que presentó doce casos en la Fiscalía.

Desdiciendo aquella advertencia y traicionando las promesas anticorrupción que lo llevaron a la presidencia, Bukele cerró el acceso a la información pública para evitar la contraloría social, canceló la CICIES cuando ésta encontró irregularidades en la gestión gubernamental y -en cuanto tomó el control de la Asamblea Legislativa- cambió al fiscal general y aprobó la “Ley Alabí” para ocultar el uso de fondos públicos durante la pandemia.

Consecuente con esa actitud intransparente, de no rendición de cuentas y pro corrupción, el mandatario ha rechazado la llamada “Lista Engel” elaborada por el gobierno de Estados Unidos y que señala a varios de sus funcionarios: la jefa de gabinete Carolina Recinos, el secretario jurídico Conan Castro, el ministro de Trabajo Rolando Castro y el director de Centro Penales Osiris Luna; así como a los ex ministros de Seguridad, Rogelio Rivas, y de Agricultura, Pablo Anliker. La lista también incluye a un febril activista oficialista, un aliado político del presidente y un presunto financista de su partido Nuevas Ideas.

En vez de “meter presos” o si quiera destituir a los funcionarios señalados y así enviar un mensaje de no tolerancia ante la corrupción”, Bukele descalificó la lista, se burló y hasta montó dos hechos de fuerte impacto comunicacional para desviar la atención pública y amortiguar el golpe político de la difusión de la “Lista Engel”.

Horas antes de publicarse la lista, Bukele anunció con bombo y platillo, en un video de redes sociales, el incremento del salario mínimo en un 20%, complementado con un nuevo reparto de paquetes alimenticios y subsidios a las empresas afectadas por el aumento salarial; y horas después de publicada la lista, Fiscalía y Policía montaron un espectacular allanamiento en la sede central del opositor partido ARENA para embargarle bienes y recuperar parte del dinero robado de las donaciones de Taiwán.

Ambos hechos son positivos: aumentar el salario mínimo es una demanda legítima de la población trabajadora y aplicar la extinción de dominio a ARENA fue una petición reiterada de las organizaciones sociales que luchan contra la corrupción. Sin embargo, el mandatario los ha utilizado propagandísticamente para contrarrestar el impacto político de la “Lista Engel”.