El Ejecutivo solicitó ayer a la Asamblea Legislativa autorizar un “asocio público-privado” para ampliar la terminal de carga del Aeropuerto Internacional “Monseñor Romero” con la empresa Alutech, la misma que -según Acción Ciudadana- donó un millón de dólares a la campaña presidencial de Nayib Bukele en 2019. El caso podría, por tanto, constituir conflicto de interés o tráfico de influencias, que son formas de corrupción.
La semana pasada el oficialismo parlamentario montó un teatro político en la comisión que investiga el pago de sobre sueldos a ex funcionarios públicos para que el ex presidente arenero Tony Saca llegara a justificarse, victimizarse y señalar solo a personas que no están en el gabinete de Bukele ni son aliados su gobierno. Encubrimiento y otorgamiento de favores a corruptos es práctica corrupta.
Hace dos semanas el gobierno propuso reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que permitirán ocultar información sobre declaraciones patrimoniales de funcionarios, montos de salarios, listas de asesores y otros datos oficiosos que deben publicarse aún sin que alguien lo solicite. Ocultar información y no rendir cuentas fomenta la corrupción.
El 7 de junio el presidente Bukele y su fiscal Rodolfo Delgado cerraron la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). La Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que fue, entre otras razones, porque Fiscalía bloqueaba su trabajo y el gobierno quería utilizarla para perseguir a opositores políticos. Dicha comisión había presentado doce casos de posible corrupción en el Ejecutivo.
El 5 de mayo los diputados oficialistas avalaron la llamada “Ley Alabí” que impide conocer el uso de fondos públicos en la pandemia y pone un manto de impunidad sobre las irregularidades cometidas, sobre todo en los ministerios de Salud, Agricultura y Turismo. Aprobar leyes que oscurecen la gestión pública e impiden investigar anomalías es promover la corrupción.
El 1o. de mayo, en su primera sesión plenaria, Nuevas Ideas y sus aliados destituyeron a los magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General, nombrando en su lugar a personas afines. El fiscal impuesto Rodolfo Delgado, por lo visto hasta hoy, sólo procesará a disidentes del gobierno. Su acción más memorable ha sido detener abusiva e ilegalmente a varios ex funcionarios del gobierno de Mauricio Funes. Tomar instituciones para que no investiguen tu corrupción, es anti ético y corrupto.
Entre agosto y diciembre de 2020 Casa Presidencial tomó el control del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), eligiendo nuevos comisionados serviles al gobierno. El IAIP cambió criterios, ya no publicó informes de acceso a información y su actuación ahora es complaciente con el Ejecutivo. La instancia que promovía el acceso a la información, con su opacidad actual, contribuye a la corrupción.
La corrupción -así como la militarización- son ideas viejas, porque las practicaban los “mismos de siempre”. Bukele ofreció “nuevas ideas”, pero ha retomado lo viejo y pasado que tanto criticó.
