La mayoría parlamentaria oficialista, encabezada por los diputados y diputados de Nuevas Ideas (NI), ha cumplido sus primeros cien días al frente de la actual gestión de la Asamblea Legislativa que inició el pasado 1o de mayo.

Con la correlación más que suficiente, la autodenominada “bancada cyan” podía avalar todas las leyes, reformas y decretos que el país necesita y que la legislatura anterior no aprobó: Ley General de Agua, reformas fiscales progresivas “donde paguen más quienes tienen más”, la despenalización del aborto en las causales que platean las organizaciones feministas, la desprivatización de las pensiones, las leyes de protección a periodistas y de defensores de derechos humanos, ley soberanía alimentaria y otras normativas urgentes.

Los diputados de NI y sus aliados también podían derogar o reformar la veintena de leyes que permiten la elusión tributaria y establece injustificados privilegios fiscales a las grandes empresas: leyes de Turismo, Zonas Francas, Servicios Internacionales, Inversiones, Asocios Público-privados y otras aprobadas durante los gobiernos anteriores.

Pero no. En vez eso, los legisladores oficialistas han endeudado peligrosamente al país aprobando en cada sesión plenaria millonarios préstamos que serán pagados por la población: la nueva deuda pública por más de 3,000 millones de dólares se acerca rápidamente al 100% del Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Los “diputados cyan” también han aprobado normativas que promueven la corrupción, como la “Ley Alabí” que impide transparentar el uso de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19; y leyes como la del Bitcoin, rechazada por la mayoría de la población según una encuesta de la Universidad “Francisco Gavidia” (UFG). Si se implementa, esa ley tendrá graves consecuencias económicas, jurídicas, políticas y ambientales.

Y más grave aún es que los parlamentarios gobiernistas, atendiendo el deseo del presidente Nayib Bukele de tener el poder total- destituyeron ilegalmente a los magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General. Esto representa el más grave atentado contra la institucionalidad perpetrado hasta hoy por el oficialismo, un ataque al estado de derecho y el fin de la separación de poderes.

Entre los pecados cometidos en estos tres meses por los legisladores obedientes a Casa Presidencial también está la eliminación de requisitos sanitarios y ambientales para las construcciones mediante una cuestionada reforma al Código de Salud.

Mientras tanto, y para distraer a la población sobre éstas y otras atrocidades, la “bancada cyan” y sus cómplices han montado espectáculos políticos baratos como las comisiones que “investigan” la asignación de fondos a ONGs y el pago de sobresueldos a ex funcionarios públicos.