La mayoría parlamentaria oficialista acordó esta semana “autorizar” al Ministerio de Hacienda para hacer auditorías en las 262 alcaldías sobre el uso fondos asignados durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, bajo el supuesto de que no fueron utilizados para atender la pandemia sino para financiar actividades de la campaña electoral.
El hecho no debería pasar desapercibido, pues es un acto ilegal dado que la instancia encargada de auditar el uso de fondos públicos es la Corte de Cuentas. El Ministerio de Hacienda sólo tiene la función de recoger impuestos y asignar a las instancias estatales los fondos aprobados en el presupuesto general de la nación.
Además, porque probablemente se trata de una nueva acción distractora que busca desviar la atención de la población, especialmente frente al rechazo popular contra la implementación del Bitcoin, el excesivo endeudamiento público y el intento de reformar la Constitución.
Agotado el show propagandístico de las comisiones especiales sobre asignación de fondos a ONGs y pago de sobre sueldos, el oficialismo necesita lanzar una nueva estrategia política.
Pero hay otra razón relevante por la que este abuso de la autodenominada “bancada cyan” debería ser objeto del repudio ciudadano: la hipocresía y cinismo de querer fiscalizar el uso de 191 millones de dólares en las municipalidades, mientras promueve el oscurantismo del manejo de más de $3,000 millones de fondos público en el gobierno.
Los mismos diputados y diputadas que otorgan inconstitucionalmente facultades contraloras a Hacienda para “auditar” a las alcaldías, aprobaron la “Ley Alabí” para ocultar el manejo de fondos en el Ejecutivo y dar impunidad a los funcionarios gubernamentales implicados en posibles actos de corrupción.
Estos mismos parlamentarios también quieren modificar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para acabar de cerrar el acceso a la información e impedir la rendición de cuentas del gobierno. Las reformas -que significarían una derogación fáctica de dicha normativa- busca, entre otras cosas, declarar información reservada las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.
Esos legisladores también acordaron la semana pasa ocultar la información sobre salarios, seguros, viajes, compras y otros gastos de la Asamblea Legislativa. Por las críticas en redes sociales se retractaron a medias de tan nefasta decisión.
Así que la pretendida auditoría a las alcaldías, por parte del gobierno de Nayib Bukele y su “bancada cyan”, no sólo es otra aberrante arbitrariedad, sino también una expresión de hipocresía y cinismo.
