El presidente Nayib Bukele -a través de su ministro de Gobernación- presentó esta semana, a la Asamblea Legislativa controlada por su partido Nuevas Ideas, el proyecto de “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”.

El objetivo de la referida normativa -a juzgar por su contenido y por las mismas declaraciones de sus promotores- tiene el objetivo político de afectar el trabajo de organizaciones y medios de comunicación críticos, restringiendo el financiamiento de la cooperación internacional.

La propuesta de ley impide recibir recursos del extranjero que  sean utilizados para “actividades políticas, acciones orientadas incidir en la opinión pública o que representen injerencia extranjera”. Además, impone un leonino impuesto del 40% a fondos procedentes de la cooperación.

La normativa en cuestión es similar a una que impuso el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua; por tanto, bien podría denominarse “Ley Ortega” y su aplicación sería un avance en la “nicaragüización” de El Salvador, dado que el bukelismo sigue los mismos pasos del orteguismo.

Aunque Nayib Bukele criticó la reelección de Ortega-Murillo el pasado fin de semana, en la práctica sigue el mismo guion antidemocrático: control de todo el aparato estatal, eliminación de la separación de poderes, restricciones a la libertad de expresión e información, intento de reelección presidencial y leyes para debilitar a las organizaciones sociales.

El ministro de Gobernación y el jefe del grupo parlamentario oficialista no han tenido reparos en decir claramente que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros tiene dedicatoria hacia las organizaciones que realizan protestas contra el gobierno y medios periodísticos que fiscalizan a la gestión Bukele.

Ojalá que frente al nuevo desmán oficialista, agencias de cooperación, organizaciones sociales y población beneficiaria de los proyectos cierren filas contra esta ley de censura, control y ataque contra la sociedad civil que exige respeto a la democracia y rechaza el autoritarismo bukelista.

Por demás está el espurio argumento de transparencia que quieren esgrimir falazmente los impulsores del proyecto de ley. Si quieren tener solvencia moral para hablar de transparencia y rendición de cuentas, Bukele y sus acólitos tendrían que derogar la Ley Alabí, restablecer la independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, reinstalar la CICIES, procurar una Fiscalía autónoma y tribunales judiciales independientes.