El sábado pasado se cumplieron veintiocho años de la fundación de ARPAS, la coordinadora nacional de medios comunitarios del país. Veintiocho años de lucha por democratizar la palabra y darle voz especialmente a aquellos sectores de la población que no han tenido acceso a otros medios de comunicación.

El 26 de febrero de 1994 un grupo de radios creadas por comunidades rurales repobladas y otras que había surgido en contextos más urbanos se juntaron para crear un espacio común de articulación de esfuerzos para el fortalecimiento de sus proyectos de comunicación alternativa, buscar acceso a frecuencias del espectro radioeléctrico e incidir en la democratización del modelo mediático salvadoreño.

Los últimos dos objetivos -obtener frecuencias y democratizar el espectro radioeléctrico- pronto se vio truncado con la aprobación de una Ley de Telecomunicaciones que ni siquiera reconoció a los medios comunitarios y favoreció únicamente a los grandes medios corporativos que promueven una visión comercial de la comunicación.

Fue hasta veinte años después, en mayo de 2016, que se aprobó un pliego de reformas a Ley de Telecomunicaciones que incorporó a los medios comunitarios y estableció el concurso como mecanismo alternativo a la subasta para asignarles frecuencias. La reforma también modernizó y actualizó la ley en varios aspectos técnicos, administrativos y financieros del trabajo de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).

El acceso a las frecuencias y la democratización del espectro, sin embargo, siguen pendientes casi seis años después de aprobadas las referidas reformas, debido a la falta de voluntad política del gobierno anterior y del actual.

Lo confirman las resoluciones negativas en todos los concursos de frecuencias para medios comunitarios realizados hasta ahora. Recientemente SIGET negó el otorgamiento de frecuencias a Radio Mangle, alegando que ésta “no cumplió todos los requisitos” y que “la calificación de su proyecto resultó muy baja”, aún cuando no se presentó ningún otro concursante.

A esto suma el retraso en la renovación de la concesión de varias de las fragmentaciones de la frecuencia 92.1.FM y el cierre de las radios Fonseca, Copinula y La Voz de Mi Gente a inicios del año pasado, con el pretexto de que “no estaban autorizadas para transmitir”.

Finalmente, hace un par de semanas se conoció una propuesta de reformas presentadas por el gobierno, la cual incluye varios aspectos dudosos y preocupantes que significarían un retroceso con respecto a las históricas reformas de 2016. Uno de estos es la mezcla o confusión de la subasta y el concurso, que pondría  nuevamente en desventaja a los medios comunitarios frente a los privado-comerciales.

Todo lo anterior plantea a ARPAS y sus radios comunitarias asociadas el desafío de seguir luchando por la democratización de la palabra.