El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto con sus presiones al gobierno salvadoreño para que haga un “ajuste fiscal”, el cual se refiere -básicamente- a reducir el “gasto público” para “eliminar el déficit fiscal”.

Y en sus recetas para reducir el déficit, el referido organismo financiero siempre incluye eliminar subsidios a las familias pobres, despedir empleados públicos, quitar programas sociales, aumentar la edad de jubilación, congelar salarios y subir el IVA a la población consumidora.

Estas presiones del FMI son secundadas por economistas neoliberales, quienes advierten que el nuevo gobierno que asuma en junio del próximo año tendrá que efectuar un “fuerte ajuste” para reducir el déficit.

Los pregoneros del ajuste fiscal con lógica neoliberal hablan siempre de reducir el déficit bajando el gasto, nunca incrementando los ingresos; y cuando proponen subir ingresos, la medidas siempre son aumentar el IVA o poner más impuestos al consumo. Así, los afectados son siempre los pobres y las capas medias; nunca las grandes empresas y las personas ricas.

Por eso, desde la perspectiva de derechos de la gente y de la justicia tributaria, es necesario plantear un ajuste fiscal incrementando los ingresos públicos. Es decir, medidas para que el Estado obtenga ingresos suficientes para eliminar el déficit y pagar la deuda, sin tener que eliminar subsidios, quitar programas sociales o despedir a empleados públicos.

En tal sentido, es pertinente insistir en un combate eficiente contra la evasión tributaria, que ronda los 1,500 millones de dólares anuales según la UCA, 1,800 millones según Oxfam y 2,000 millones según el propio Ministerio de Hacienda.

Recuperando esos recursos, el gobierno cubriría el déficit que tanto preocupa al FMI y a los economistas neoliberales. Pero si éstos aún fueran insuficientes, habría que derogar o reformar las leyes que permiten la elusión o “evasión legal”: la veintena de leyes (de Turismo, Inversiones, Zonas Francas, Servicios Internacionales y otras) que otorgan injustificables exenciones tributarias a grandes empresas.

Y si éstos fondos todavía no alcanzaran, podría retomarse el impuesto patrimonial que fue eliminado por el primer gobierno de ARENA, gravar más la renta empresarial y establecer impuestos directos a las grandes transferencias financieras, a los bienes y servicios de lujo.

Estas medidas serían parte de una política fiscal progresiva inspirada en lógica “que paguen más quienes tiene más”. Y éste es el ajuste necesario, no el recetario neoliberal del FMI.

Ojalá, pues, que las organizaciones progresistas, sectores democráticos y la población en general, exijan esta reforma fiscal progresiva y rechacen las espurias medidas del FMI