Con cuatro meses de retraso, la Asamblea Legislativa eligió finalmente, la semana pasada, a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuatro de éstos para la Sala de lo Constitucional.
Los nombrados son: Aldo Cader Camilot, Carlos Avilés Velásquez, Carlos Sánchez Escobar y Marina de Jesús Marenco, para la Sala Constitucional; y para la Sala de lo Civil, Roberto Carlos Calderón. Complementa la Sala Constitucional el magistrado Armando Pineda Navas, quien fue reelecto presidente de la CSJ.
A primera vista y a decir de algunos analistas sensatos, la integración de la nueva Sala refleja cierto grado de “pluralidad jurídica”; lo cual es -de entrada- positivo, pues en la anterior Sala (2009-2018) funcionó un bloque político-jurídico caracterizado por el sesgo anti-partido, la defensa de interese oligárquicos y el respaldo a la estrategia de desestabilización de ARENA.
En tal sentido, hay que dar el “beneficio de la duda” a los nuevos magistrados. Son esperanzadoras las palabras de Carlos Avilés, quien afirmó que (la Sala Constitucional) “pertenece al pueblo salvadoreño” y no es feudo de ningún partido político o bufete de abogados”. Este magistrado, incluso, criticó a supuestas organizaciones de la “sociedad civil” que presionaban por colocar a gente afín como magistrados, refiriéndose a FUSADES, DTJ, DECIDE y otras instancias de derecha oligárquica, aunque no las mencionó por su nombre.
Esperemos, pues, que la nueva Sala se dedique a impartir pronta y cumplida justicia, aplicar los principios constitucionales y hacer valer los intereses colectivos. Los nuevos magistrados también deberían revisar y revertir o corregir resoluciones de la anterior Sala que vulneraron derechos o violentaron disposiciones de la Carta Magna.
Ahora viene la elección del Fiscal General. Ojalá que ARENA y sus socios de derecha no hayan negociado nombrar magistrados a cambio de la reelección de Douglas Meléndez: la aparente concesión arenera en la conformación de la nueva Sala hace temer sobre esa posibilidad. Eso sería nefasto, por lo que la ciudadanía democrática debe manifestarse en contra.
El país necesita un Fiscal General decente, capaz e independiente de los partidos, grupos empresariales y estructuras criminales. Debe ser alguien comprometido con la lucha contra la corrupción, la persecución de todos los delitos y la garantía de los intereses del Estado y de la sociedad.
Las organizaciones populares, sectores democráticos y toda la gente honrada deben presionar para que así sea.
