El Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco mandó a la cárcel a Pablo Henríquez Ayala y loenjuició por violación agravada contra Imelda Cortez, joven de 20 años de edad abusada sexualmente durante casi una década y recientemente procesada por “asesinato”, tras quedar embarazada y tener un aborto accidental.
El juez Manuel de JesúsSantos aceptó las pruebaspresentadas por la Fiscalía y decretó que el procesojudicial continúe en el Tribunal de Sentencia de Usulután. Henríquez Ayala es el padrastro de ImeldaCortez, a quien violó sistemáticamente desde queella tenía 12 años de edad.
Imelda Cortez fue absuelta en diciembre del añopasado por presión de las organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres, hecho que constituye una significativa victoria política en la lucha por la despenalización del aborto en casos de violación sexual, malformaciones en el feto y cuando peligra la vida de la madre.
Estas mismas organizaciones pidieron la semana pasada una condena contra el agresor de Imelda. En tal sentido, la decisión del juez Santos representa un triunfo de la lucha feminista y un avance importante en la acción judicial en casos de violencia sexual.
En sentido contrario, el Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla dejó libre a Juan Carlos Quevedo, detenido en flagrancia cuando violaba a un niño de 11 años. La Juez Laura Chamagua liberó al violador, a pesar de existir un video del sistema de vigilancia de la alcaldía tecleña que registró la agresión sexual y el testimonio de los agentes del CAM que detuvieron al violador.
Esta falsa “aplicadora de justicia” pasó el caso a la siguiente fase, pero dejó en libertad al depredador sexual que podría violar a otros niños o darse a la fuga. Por este indignante hecho la población debería exigir la destitución de la jueza Chamagua y justicia en todos los casos de violencia sexual.
La violencia sexual y la impunidad en que queda la gran mayoría de casos de violación, agresiones y acoso sexual, debería movilizar al país entero. La sociedad salvadoreña no debería quedarse quieta ante tan abominable realidad.
Volviendo al caso de Imelda, su absolución debería presionar por la despenalización del aborto en las causales planteadas por las organizaciones de mujeres. Así el país terminaría la vergüenza de estar entre los pocos en el mundo que aún mantienen la prohibición total del aborto y condenan por “asesinato” a las mujeres pobres que tienen abortos accidentales.
La Asamblea Legislativa tiene la palabra.
