En el informe de su observatorio de medios, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) cuestiona la falta de equilibrio y objetividad en la cobertura mediática del proceso electoral que culminó el pasado 3 de febrero.
La MOE-UE señala que los grandes medios privados favorecieron descaradamente a Carlos Calleja, candidato de la alianza conservadora formada por ARENA, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Telecorporación Salvadoreña, Megavisión, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy sesgaron sus coberturas a favor del presidenciable de la derecha oligárquica.
En sentido contrario, esos mismos medios abundaron en información negativa contra el candidato de GANA y ahora presidente electo Nayib Bukele, quien -ante el bloqueo de los medios tradicionales- utilizó las redes digitales.
La UE también criticó a los medios estatales por favorecer al candidato del FMLN, Hugo Martínez.
Así que, para garantizar pluralidad en las coberturas electorales, la UE reitera la propuesta de aprobar una “ley de prensa”. Este marco legal tendría entre sus fines asegurar participación equitativa en los espacios mediáticos para todos los candidatos y la aplicación de los principios de la ética periodística en la labor informativa de los medios.
La referida propuesta debería reactivar el debate sobre regulaciones en el ámbito mediático salvadoreño. En este sentido, podría retomarse la discusión sobre -al menos- tres iniciativas:
La primera es el proyecto de Ley de Espectáculos Públicos, Cinematografía, Medios de Comunicación y Publicidad”, presentada por el Ejecutivo en octubre del año pasado y cuya discusión está congelada debido a la fuerte oposición de las gremiales de medios privados y anunciantes. Esta ley llenaría el vacío dejado por el Reglamento de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, revertido por la Sala de lo Constitucional.
La segunda es el proyecto de Ley de Medios Públicos, que duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. Esta normativa fue presentada en septiembre de 2013 y su propósito es convertir a Canal 10 y Radio Nacional en medios pluralistas e independientes de los gobiernos de turno; pero nunca fue discutida por falta de apoyos parlamentarios.
Y la tercera es continuar el proceso de reforma a la Ley de Telecomunicaciones iniciado en mayo de 2016, el cual -entre otros puntos- reconoció la existencia de los medios comunitarios, creó mecanismos alternos a la subasta para asignar frecuencias radioeléctricas y eliminó las prórrogas automáticas de las concesiones de radiodifusión (sonora y televisiva). Un nuevo pliego de reformas incluiría medidas para la desconcentración mediática.
A estas iniciativas habría que agregar propuestas para regular las redes y medios digitales. No se trataría de controlar, sino transparentar este tipo de medios y que sus responsables respondan ante la ley por los delitos que cometan.
Esperemos, pues, que la recomendación de la MOE-UE sobre una “ley de prensa” provoque un debate serio, desprejuiciado y a profundidad sobre la necesidad de establecer regulaciones en el ámbito mediático orientadas a generar pluralidad, diversidad y desempeño ético de los medios. Se trata de retomar el proceso de “democratización de la comunicación”.
