Diversas expresiones y acciones de rechazo social hicieron que los promotores de una nueva “ley de amnistía” se retracten, al menos, verbalmente y desistan de impulsar tan ominosa iniciativa.

Diputados de derecha, incluido el propio Rodolfo Parker, autor de la nefasta propuesta, han negado querer aprobar una legislación que favorezca a criminales de guerra, delincuentes de lesa humanidad y responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil.

Esto, luego que organizaciones de derechos humanos, pro-memoria histórica y de familiares de víctimas levantaron fuerte la voz contra el intento de restablecer la amnistía anulada por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016.

Recientemente se filtró un proyecto de ley elaborado por Parker, en contubernio con otros diputados de la comisión legislativa encargada del seguimiento a la sentencia de inconstitucionalidad, el cual planteaba una “amnistía incondicional y absoluta” para todos los involucrados en crímenes durante la guerra “independientemente del bando al que pertenecieron”.

La iniciativa de Parker y compañía también fue rechazada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y varias instancias de la ONU.

La retractación del diputado Parker y demás promotores de la impunidad, demuestra que la reacción ciudadana, expresada en forma oportuna y contundente, puede evitar que los mal llamados “padres de la patria” se burlen de la memoria y dignidad de las víctimas.

Ojalá que esta misma respuesta cívica surja cada vez que los diputados y diputadas intenten aprobar cualquier normativa que menoscabe los derechos de la población, promueva la impunidad o privilegie los intereses de las élites por encima de las aspiraciones de la gente.

La acción ciudadana, sin embargo, no debe ser sólo reactiva, sino que debe pasar a la ofensiva y exigir la aprobación de normativas pendientes como la Ley General de Agua, la despenalización de aborto en las causales que plantean las organizaciones de mujeres, la renacionalización del sistema de pensiones, la reforma fiscal progresiva “donde paguen más quienes tienen más” y otras medidas necesarias para resolver problemas de país.

Las organizaciones progresistas, sectores democráticos y toda la población honrada deberían aprovechar la debilidad política en que se encuentran los partidos derrotados en las elecciones del 3 de febrero para presionar por la demandas ciudadanas en la Asamblea Legislativa.

Ojalá que así sea.