La Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa revirtió el acuerdo de incorporar a representantes de la empresa privada en el ente rector de las políticas hídricas.

Presionados por las movilizaciones populares y el rechazo generalizado de la población en la calle, en medios de comunicación y en las redes digitales, los diputados de derecha se retractaron ayer de su movida privatizadora.

Tras sendas movilizaciones de la UES, sindicatos y organizaciones ambientalistas, los diputados privatizadores dejaron sin efecto la decisión tomada el pasado lunes. A estos legisladores canallas, traidores de los derechos de la gente y serviles de los mercaderes del agua, no les quedó más opción que reunirse de urgencia y dar machar atrás con su zarpazo privatizador.

Los diputados de ARENA, GANA, PCN y PDC querían entregar el control del ente rector hídrico a la empresa privada, para asegurar prioritariamente el agua para los negocios; pero han sido derrotados momentáneamente por la indignación y la movilización de la gente.

Esta victoria popular debe arreciar la lucha por que la Asamblea apruebe la Ley General de Agua propuesta por la Alianza contra la Privatización del Agua, la Iglesia Católica y las iglesias históricas, la UCA y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta propuesta define el agua como derecho, establece un ente rector totalmente público y garantiza la participación comunitaria en la protección del vital líquido.

La lucha contra la privatización del agua también debería trascender a lucha más amplia contra el neoliberalismo. Esta lucha antineoliberal incluye, entre sus apuestas más urgentes, la desprivatización de las pensiones y la reforma fiscal progresiva “donde paguen más quienes tienen más”.

La misma indignación y rechazo expresado contra los intentos de privatizar el agua debería ser contra otras acciones nefastas, como la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no investigar los delitos de corrupción cometidos diez años atrás, con lo cual dejará impune la corrupción de los gobiernos de ARENA que no fueron investigados. Pero extrañamente no hay voces de protesta por tan reprobable decisión del pleno de la Corte de decretar la impunidad de la corrupción.

Este espacio editorial apuesta por incrementar la indignación, la movilización y presión popular para evitar la privatización del agua y desmontar el modelo neoliberal, porque manteniendo ese esquema excluyente es imposible construir un país realmente democrático, equitativo, justo y sustentable.