La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) realizó esta semana un congreso regional para discutir sobre “el futuro del recurso hídrico en Centroamérica”. El evento tiene como contexto la creciente crisis hídrica del país, el debate legislativo sobre la ley de agua y las movilizaciones de organizaciones sociales contra la privatización del vital líquido.

Al respecto, representantes de la Alianza contra la Privatización del Agua denunciaron que el referido cónclave empresarial fue para discutir las estrategias de los mercaderes del agua para asegurar su privatización. 
Ciertamente, las industrias -sobre todo embotelladoras y azucarera- está preocupadas por la escasez del vital líquido y urgen asegurar para los negocios la poca agua que queda. 

Y esta preocupación no es sólo de las empresas salvadoreñas, lo es también para las transnacionales a escala planetaria. Informes internos de Nestlé revelados por Wikileaks confirman que las industrias globales están alarmadas por el grave deterioro del recurso hídrico. 

La mayor compañía de alimentos y bebidas en el mundo advierte que la tercer parte de la humanidad podría quedarse sin agua en el año 2025 y que tal situación sería aún más dramática en 2050. Ante esto, la multinacional de origen suizo plantea una estrategia que incluya: crear un mercado virtual del agua, eliminar subsidios y preferencias para los biocombustibles, promover mundialmente las plantas genéticas con mayor eficiencia acuífera y liberar globalmente el comercio agrícola.

Volviendo al caso salvadoreño, la ASI presiona a través de los partidos de derecha (ARENA, GANA, PCN y PDC) por una ley que entregue al sector privado el control del ente rector de las políticas hídricas para que éstas respondan prioritariamente a la demanda de las empresas, en detrimento del derecho de la población a tener agua suficiente y de calidad.

Extrañamente, el evento de los mercaderes del agua tuvo el auspicio de instancias gubernamentales que -se supone- rechazan la privatización: ANDA, Ministerio de Medioambiente y CEL aparecieron como “socios estratégicos” del mencionado congreso de la ASI.

Tal situación no deja más opción que incrementar la resistencia popular contra la privatización y presionar por la aprobación de la ley que reconozca el agua como derecho, establezca un ente rector de políticas hídricas totalmente público y garantice la participación comunitaria en la protección de vital líquido.

Esto es tarea urgente, antes de quedarnos sin agua o la poca que hay se la apropien las empresas.