El pasado 29 de junio se cumplieron diez años del cobarde y vil asesinato de Marcelo Rivera, ambientalista mártir de la lucha contra la minería metálica en El Salvador. Desaparecido, torturado y asesinado por defender el agua y la vida, gravemente amenazadas en aquel momento por la empresa canadiense Pacific Rim, absorbida después por la australiana Oceana Gold.

Este maestro y promotor cultural de 37 años, del municipio de San Isidro, encabezó, junto a otros líderes comunitarios, la resistencia contra la explotación minera en el departamento de Cabañas. Su cuerpo fue encontrado en un pozo, en avanzado estado de descomposición, tras varios días de búsqueda, en un cantón de Ilobasco. Por el horrendo crimen fueron condenados presuntos autores materiales, pero nunca los responsables intelectuales.

A pesar de la insistente demanda de las comunidades de la zona y organizaciones ambientalistas, la Fiscalía General de la República nunca quiso apuntar líneas de investigación hacia los representantes de la empresa minera, dirigida entonces por el canadiense Tom Shrake y el salvadoreño Rodrigo Chávez Palacios, ni contra funcionarios públicos que actuaban como operadores políticos de la empresa extractiva.

Seis meses después, en diciembre del mismo año 2009, fueron asesinados otros dos ambientalistas, Ramiro Rivera y Dora Sorto, en el municipio de Sensuntepeque, donde también murieron personas que apoyaban los proyectos mineros, en medio de una fuerte conflictividad generada por la presencia de la empresa minera y sus proyectos en las comunidades.

Hace dos años, en marzo del 2017, finalmente la Asamblea Legislativa aprobó, por unanimidad, una ley que prohíbe en forma definitiva las actividades de exploración y explotación minera metálica. Pero la justicia plena por los asesinatos de Marcelo, Ramiro y Dora, quedó pendiente. En 2016, Chávez Palacios fue condenado a 11 años de cárcel por el asesinato de una persona cuyo cadáver descuartizó y esparció sus restos en distintos puntos de San Salvador, pero no fue investigado como posible autor intelectual del asesinato de ambientalistas en Cabañas.

El tema, hoy día, ya no es parte del debate público y el décimo aniversario del asesinato de Marcelo, incluso, pasó desapercibido por las propias organizaciones sociales antimineras. En este espacio editorial rendimos homenaje a este mártir ambiental que pagó con su vida el precio de librar al país del desastre ambiental y social que habría sido la explotación minera.

La amenaza de la minería, sin embargo, no ha terminado en el país. A pesar de la existencia de la ley prohibitiva, empresas mineras se mantienen al acecho. Durante la reciente campaña electoral, uno de los candidatos presidenciales, el arenero Carlos Calleja, tenía mucha cercanía con el magnate minero canadiense Frank Guistra. Felizmente Calleja perdió las elecciones.

Ahora, el Presidente Nayib Bukele debe comprometerse con mantener la prohibición de la minería metálica y descartar las actividades extractivas como ámbito de eventuales inversiones. La defensa del agua y la continuidad de la vida, deben estar por encima de las posibilidades de inversiones y de las estrategias de crecimiento económico.