Decenas de policías acordonaron la zona para dar seguridad al operativo. Mientras trabajadores contratados por la Familia Dueñas, propietaria del terreno, sacaban las pertenencias de habitantes de la comunidad y desarmaban sus viviendas.
Por: Josseline Roca
Así expresaba su sorpresa Blanca Mendoza, tras secarse las lágrimas. Ella, junto a su pequeño hijo observaba cómo sacaban una a una sus pertenencias de la casa que habitaba en la comunidad El Espino, municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Este 16 de mayo la normalidad de la zona, en la que se encuentran lujosos edificios privados y estatales, se rompió. El Juez de Paz de dicho municipio, acompañado por agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), llevó a cabo el desalojo de la familia de Blanca y de 75 más.
Decenas de policías acordonaron la zona para dar seguridad al operativo. Mientras trabajadores contratados por la Familia Dueñas, propietaria del terreno, sacaban las pertenencias de habitantes de la comunidad y desarmaban sus viviendas.
De acuerdo con la orden judicial el desalojo debía darse 15 días calendario contados a partir del 20 de abril; sin embargo, los habitantes desconocían que procederían este miércoles.
Con impotencia hacían recuento de sus años en la comunidad y de las opciones. Así lo narraba Roberto Pérez, quien fue llevado desde muy pequeño al lugar, donde su padre trabajaba para la familia Dueñas.
El conflicto por la propiedad de El Espino lleva varios años. En 2014, la familia Dueñas interpuso demandas contra la comunidad señalándoles de usurpar terrenos de su propiedad. Las y los habitantes se ampraron ante la Sala de lo Constitucional para que frenara el desalojo que inició en junio de 2015. La Sala admitió la solicitud y frenó momentáneamente la acción. Pero en febrero de 2017 le dio la razón a la familia Dueñas dando luz verde al desalojo.
Desde entonces a las y los habitantes de dicho lugar les esperaba el desplazamiento de lo que fue su comunidad. Para David Pérez, quien afirma haber nacido en El Espino, está claro que el poder económico ganó en este conflicto.
La orden del juez era que no ingresaran a la comunidad la Procuraduría de Derechos Humanos, abogados o la prensa. Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), denunció una clara violación a las garantías fundamentales de las familias.
Ni la resistencia de la comunidad ni la petición de las medidas cautelares del IDHUCA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pudieron contra la decisión del juez de Antiguo Cuscatlán, avalada por la Sala de lo Constitucional, de favorecer a la familia Dueñas desalojando a habitantes de El Espino.
El gobierno ha puesto a disposición del total de familias afectadas $764 mil, que entregará en dos tipos de cheques: $12 mil para las que no cuenten con ninguna otra vivienda fuera de la finca El Espino y otro por $4 mil para las que comprobaron que tienen otra opción habitacional.
Las personas desalojadas, que hablaron con la Red Informativa de Arpas y cuyas declaraciones se han incluido en esta nota periodística, dijeron que no han recibido ayuda de parte del Ejecutivo y otras se quejaron de lo complejo del proceso para la obtención del beneficio.
