//No otorgar permisos ambientales a proyectos extractivos, exigen en carta abierta al presidente

No otorgar permisos ambientales a proyectos extractivos, exigen en carta abierta al presidente

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica exigió al presidente de la República, Nayib Bukele, que su Gobierno no otorgue permisos ambientales para proyectos extractivos, por los impactos que éstos tienen para la biodiversidad y la salud de las personas.

Por: Josseline Roca y Krissia Girón/ Foto: Mesa Frente a la Minería

En una carta abierta dirigida al mandatario, la Mesa expresó preocupación por la orden dada respecto a que se agilicen los trámites de permisos ambientales estancados, cuyo valor asciende a $1,400 millones, según el Gobierno. Además, pidieron que el ejecutivo informe sobre el tipo de autorización que se estaría otorgando.

«Nos preocupa lo que se informó en reunión del consejo de ministros, respecto a que usted ha dado instrucciones para acelerar los permisos ambientales retenidos en el gobierno anterior», exponen.

En su momento, el ministro de Medio Ambiente afirmó que no se trataba de felxibilizar los criterios para otorgar permisos, sino de acelerar el trámite, ya sea que éste se entregue o no.

Sin embargo, la Mesa considera que «la inversión económica no debe anteponerse a los intereses de la población salvadoreña».

Por otra parte, exhortan al mandatario a que impulse las medidas necesarias para la implementación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada el 29 de marzo de 2017, a través de la creación de un Plan de Remediación Ambiental, que incluya el cierre técnico de minas, entre ellas la de San Sebastián en Santa Rosa de Lima, La Unión.

«Las empresas mineras, después de sacar el oro y la plata del subsuelo salvadoreño, no se hicieron responsables por los daños al ambiente y la salud de las personas, que ocasionaron mientras estuvieron operando en el país», señalan.

Agregaron que pese a que ya se venció el plaza para el cierre de minas artesanales éstas siguen operando, realizando actividades de exploración y explotación.

El conglomerado de organizaciones también exigió que se informe cuál es la situación de la empresa Oceana Gold (antes Pacific Rim) que operó en el departamento de Cabañas. También le solicitan al ejecutivo que dé seguimiento a un tratado binacional de aguas transfronterizas con Guatemala y Honduras, por los impactos que tiene la explotación minera de esas naciones en el Río Lempa, principal afluente de El Salvador y cuyas aguas son compartidas.

Acuden al MINEC para pedir cierre de minas

Este martes, representantes de la Mesa Frente a la Minería acudieron al Ministerio de Economía, para pedirle que inicie el cierre técnico de las minas. Durante una reunión sostenida con el nuevo director de Minas e Hidrocarburos del MINEC, Jorge Hernández, éste se comprometió a retomar los compromisos pendientes de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.

#ArpasDesdeLaCalle| La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica demanda al Ministerio de Economía cumplir con la Ley de Prohibición de esta industria extractiva.

Gepostet von Arpas am Dienstag, 20. August 2019
Transmisión en vivo de conferencia de prensa frente al MINEC

Bernardo Belloso, presidente de CRIPDES, consideró urgente que haya un plan de remediación por los daños causados a las comunidades.

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Aún existe un peligro de reversión de la ley en la Asamblea Legislativa, aseguran las organizaciones, por lo que otra de sus propuestas es elevar la prohibición de la minería metálica a rango constitucional, así lo dijo Rodolfo Calles.

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Miriam Alas, de las comunidades de Chalatenango, también recordó que parte de la deuda en el cumplimiento de la ley es un plan de remediación ambiental, que incluye no solamente el cierre de minas artesanales, sino también iniciar procesos de reversión de daños por la mineria en el país.   

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Para la Mesa Frente a la Minería es necesario que el ejecutivo implemente un refuerzo presupuestario para los ministerio de Medio Ambiente y Economía, a fin de que éstos puedan acatar lo establecido en la ley que prohíbe la industria minera y resarcir los daños que las empresas dejaron.