Ningún proyecto había generado tanto rechazo social en los últimos años, como la mega obra habitacional “Valle El Ángel”, que pretende desarrollar la constructora Urbánica, propiedad de la oligárquica familia Dueñas.

Durante el período de consulta pública que vence este miércoles 4 de septiembre, no ha habido un sólo día sin protestas de organizaciones ambientalistas, comunidades, iglesias o instituciones académicas pidiendo al Ministerio de Medioambiente que NO otorgue permiso al referido proyecto.

Los argumentos son contundentes: la “mini-ciudad” de 8 mil viviendas de lujo en la entrada nor-poniente de San Salvador agravaría la escasez de agua, afectaría los acuíferos subterráneos, aumentaría los riesgos de deslizamientos y derrumbes, y colapsaría el ya congestionado tráfico de San Salvador. Ojalá que, por las razones técnicas y el rechazo social, el Ejecutivo no autorice el proyecto.

Pero en esta obra urbanística no sólo está en juego la protección o una mayor depredación del ecosistema, sino también la continuidad o cambio en la concentración de la riqueza. La Familia Dueñas es parte de la pequeña pero poderosa élite que, según OXFAM, concentra el 87% de la riqueza nacional: más de 21,000 millones de dólares en manos de apenas 160 millonarios.

En un editorial anterior recordábamos que la acumulación de riqueza de ésta y otras familias oligárquicas (Poma, Regalado, Simán, Kriete) tiene a la base la apropiación ilegítima de tierras comunales y ejidales a finales del Siglo XIX, la explotación histórica de las clases trabajadoras, el control patrimonialista del Estado durante más de un siglo y, más recientemente, el neoliberalismo impuesto por los gobiernos de ARENA, modelo que se mantiene intacto en la actualidad.

Decíamos también que, para este proceso de concentración de la riqueza de las familias y grupos oligárquicos, ha sido determinante la vigencia de un modelo tributario regresivo donde “los que tienen más pagan menos”, esquemas de evasión y elusión tributaria, bajos salarios de los trabajadores y gran permisividad de la institucionalidad ambiental que prioriza las inversiones a costa del ecosistema.

Por tanto, en el proyecto Valle El Ángel, el ministro de Medioambiente y el Presidente Nayib Bukele, van a decidir no sólo entre la protección o más destrucción ambiental, sino también entre la continuidad o no del modelo de desarrollo basado en la concentración de la riqueza en unas pocas manos, problema que constituye la causa principal de la desigualdad, la violencia, el deterioro ambiental, etc.

Consecuente con su promesa de actuar distinto a sus antecesores de ARENA y del FMLN, el actual gobierno debería, además, de negar el permiso al cuestionado proyecto de los Dueñas, impulsar políticas orientadas a una distribución más equitativa y justa de los ingresos. Una de éstas es obligar a las familias oligárquicas a pagar impuestos, a través de un combate firme contra la evasión tributaria y una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”.

Ojalá que así sea.