A inicios de esta semana se realizó en Ginebra, Suiza, el 34o. Período de Sesiones del Examen Periódico Universal (EPU), que hace el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En dicha audiencia el gobierno de Nayib Bukele presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.

La mayoría de los avances presentados son resultado de políticas del gobierno anterior, algunas de las cuales -por cierto- han sido desmanteladas o disminuidas por Bukele (Plan El Salvador Seguro, Ciudad Mujer, entre otros).

Lo más relevante en tan importante cita fueron las acertadas y oportunas recomendaciones planteadas por los representantes de los Estados presentes, siendo las más destacadas la aprobación de la ley de agua y la despenalización del aborto en las causales propuestas por las organizaciones feministas: cuando esté en peligro la vida de la madre, haya violación sexual, por malformaciones congénitas en el feto y cuando exista delitos de trata o incesto.

Alemania, Francia, México, Islandia, Lituania y otros países plantearon al Estado salvadoreño la urgencia de actuar en estos temas.

En relación al agua, la Asamblea Legislativa se niega a aprobar una ley que asegure el agua como derecho, la gestión pública del vital líquido y la participación comunitaria en la protección de los bienes hídricos. Y el gobierno de Bukele tampoco promueve su aprobación ni presenta una nueva propuesta.

Y referente a la despenalización del aborto, la derecha parlamentaria -presionada por el lobby de instancias como la “Fundación Sí a la Vida” y presa de su propio conservadurismo- se opone a legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en las causales antes mencionadas.

A esto se suma la feroz persecución de la Fiscalía y el Sistema Judicial contra mujeres pobres que sufren abortos accidentales, a las que acusan de “asesinato” y condenan hasta a 40 años de prisión. Frente a esta injusta, vergonzosa, absurda y ridícula situación el Presidente Bukele guarda un silencio cómplice y no exige a los diputados permitir que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo.

Esperemos, pues, que Asamblea Legislativa, Ejecutivo, Fiscalía y Sistema Judicial acaten las recomendaciones de la Comunidad Internacional. La Asamblea debe aprobar la ley de agua y la despenalización del aborto; Fiscalía y tribunales no deben criminalizar a las mujeres que abortan accidentalmente; y el Ejecutivo debe asumir postura y tomar iniciativa en ambos temas.

Ojalá que así sea.