La Asamblea Legislativa volvió a posponer la aprobación de ley de reconciliación que vendría a sustituir a la extinta ley de amnistía, la ominosa normativa pro-impunidad derogada por la Sala de lo Constitucional hace más de tres años, en julio de 2016.

Con 66 votos de todos los grupos parlamentarios, la Asamblea acordó solicitar una nueva prórroga a la Sala, pues el período perentorio otorgado por los magistrados venció ayer miércoles 13 de noviembre.

Los diputados de ARENA, GANA, PCN, PDC (y en un primer momento también el FMLN) se niegan a aprobar la ley que proponen las organizaciones de derechos humanos; y en su lugar, buscan aprobar una que elimine las penas de cárcel para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, deja a discreción de la Fiscalía los casos a investigar y establece un plazo después del cual no se podrán presentar otras denuncias.

La propuesta de la derecha parlamentaria también invalida el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas como prueba testimonial y -en resumen- es una ley que contraría la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía y menoscaba los derechos a conocer la verdad, aplicar justicia y reparar moralmente a las víctimas.

A finales de mayo, por presión de las organizaciones, los diputados/as no pudieron aprobar esa ley y acordaron pedir a los magistrados una prórroga. Pero la movilización social nuevamente impide a los partidos de derecha consumar su agravio contra la verdad, la justicia y la memoria histórica; y piden una nueva prórroga..

Lo anterior responde a una conocida estrategia dilatoria que busca “cansar y desmovilizar” a las organizaciones, y así tener un “momento más favorable” para aprobar la nefasta normativa. Por tanto, es oportuno exhortar a la Sala Constitucional a no conceder dicha prórroga y declarar en desacato a los diputados, y que la sociedad civil  presione a la Asamblea para que apruebe la propuesta que reivindica a las víctimas.

Una medida de presión sería demandar a los diputados/as ante la Fiscalía por incumplir una sentencia judicial, por no devengar su salario y por faltar a su función de legislar para resolver los problemas del país.

El país necesita una ley que asegure el derecho a la verdad, la justicia, la dignificación de las víctimas, la verdadera reconciliación y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes y durante la guerra civil. ¡No necesita una nueva ley de impunidad!