La Alianza contra la Privatización del Agua solicitó ayer al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, retomar la discusión de la Ley General de Agua, actualmente estancada en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático a pesar del constante reclamo de las organizaciones sociales, la Iglesia Católica y otras instancias.

La semana pasada el diputado del PCN tomó posesión como nuevo presidente parlamentario, prometiendo “hacer bien su trabajo”; y para la Alianza esto sería cumplir la función de legislar sobre los problemas urgentes del país, entre éstos el grave deterioro de los bienes hídricos.

La Alianza reitera la necesidad de aprobar una ley que reconozca el agua como derecho, asegure la gestión totalmente pública del vital líquido y permita la participación comunitaria en la protección de los bienes hídricos; y denuncia que la derecha legislativa busca avalar una normativa de corte privatizador.

Dicha denuncia se basa en el intento de los grupos parlamentarios de ARENA, GANA, PCN y PDC de entregar al sector privado el control del ente rector de las políticas hídricas, tal como pretende la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en su propuesta de “ley integral de agua”.

ARPAS, como parte de la Alianza contra la Privatización del Agua, se suma al llamado al nuevo presidente legislativo. Mario Ponce, además de agendar la ley de agua, debería retomar la ratificación de la reforma constitucional que reconoce el derecho al agua y a la alimentación y los demás temas ambientales pendientes, como la prohibición de los agrotóxicos y ley de soberanía alimentaria.

La Alianza también exige al nuevo presidente parlamentario que levante las restricciones a la participación ciudadana, que impuso su antecesor Norman Quijano. El diputado arenero prohibió el ingreso de representantes de la Alianza a presenciar los debate de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático.

Las restricciones de Quijano también afectaron en ocasiones el acceso a periodistas y medios, violentando así la libertad de prensa y el derecho de información.

Volviendo al rol del nuevo presidente legislativo, es necesario buscar un diálogo con el Ejecutivo basado, por un lado, en la independencia de poderes y, por otro, en el sentido de complementariedad en los esfuerzos estatales por resolver los problemas nacionales. No se trata de que la confrontación de Quijano con el Ejecutivo, se convierta en sumisión de Ponce ante el Presidente Nayib Bukele.

Ojalá que la ciudadanía democrática presione al diputado Ponce y a toda la Asamblea Legislativa para que actúen consecuente con las necesidades del país y las demandas de la población, y no responda a intereses partidarios, particulares o de las élites empresariales.