La joven de 26 años fue asesinada en julio del año 2018. El principal sospechoso es su pareja Ronald Atilio Urbina, quien guarda prisión tras ordenarse en su contra detención provisional. La familia de la joven teme que el presunto feminicida pueda ser beneficiado por lo establecido en el artículo 8 del Código Procesal Penal.
Por Norma Ramírez/Foto: FGR
Joselyn Milena Abarca Juárez de 26 años fue asesinada entre el 4 y 5 de julio del año 2018. El principal sospechoso es su pareja, Ronald Atilio Urbina, quien permanece en prisión provisional. La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de feminicidio agravado, él niega los hechos.
Según la investigación fiscal, la joven mantuvo una relación de diez años con el acusado, tiempo durante el que fue víctima de violencia física y verbal. Ella nunca lo denunció.
El cuerpo de Jocelyn fue encontrado desmembrado al interior de una cubeta en la quebrada La Mascota, cerca del Cementerio Los Ilustres, en San Salvador.
A dos años del crimen, la familia de Jocelyn está preocupada pues no hay aún una decisión judicial sobre el caso y temen que Urbina sea beneficiado por lo establecido en el artículo 8 del Código Procesal Penal.
Dicha disposición establece “la detención o internamiento provisional deberán guardar la debida proporción a la pena o medida de seguridad que se espera y en ningún caso podrán sobrepasar la pena o medida máximas previstas en la ley, ni exceder el plazo de doce meses para los delitos menos graves y de veinticuatro meses para los graves”.
Según dijo a la Red Informativa de ARPAS, Yesenia Juárez, madre de Jocelyn, la familia exige que “se le haga la audiencia a más tardar el 15 de julio”. Esto pues es la fecha en la que, hace dos años, se le decretó a Urbina la detención provisional.
La madre de la joven manifestó que la Fiscalía solicitó esta semana que la audiencia contra Ronald Atilio Urbina se lleve a cabo por el mecanismo de videoconferencia, debido a la pandemia de COVID-19. E, incluso, explicó que ella “presentará un escrito presionando, en el que les exijo que hagan esa audiencia lo más pronto posible porque (el plazo) ya está para vencerse”, aseguró.
“Pedimos que ese hombre se condene, la tragedia que me pasó a mí con mi hija fue terrible. Mi hija fue asesinada y hay suficiente prueba de que él ha sido. Lo que quiero es que le den la condena”, dijo Yesenia Juárez, al reiterar su exigencia al sistema de justicia.
Por el feminicidio de Joselyn Abarca, organizaciones de mujeres expresaron su condena y señalaron que el Estado está obligado a proteger a las mujeres y garantizar el acceso a la justicia.
Cambio de medidas para uno de los acusados por feminicidio de Carla Ayala
La preocupación de la madre de Jocelyn Abarca se dio tras conocerse que, en otro caso de feminicidio, uno de los procesados recibió cambio de medidas.
Se trata de Víctor Daniel Castillo Campos, acusado de cómplice no necesario en el feminicidio agravado de la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Ayala, quien pasará de detención provisional a arresto domiciliar. El crimen ocurrió la madrugada del 29 de diciembre de 2017, tras una fiesta del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP).
La decisión fue divulgada luego de una audiencia realizada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una vida libre de Violencia contra las Mujeres, en la que se verificó la situación jurídica del acusado.
Víctor Castillo es primo del principal sospechoso del feminicidio agravado y quien permanece prófugo de la justicia, el agente Juan Josué Castillo Arévalo.
“Castillo cumplió el 1 de junio pasado dos años de estar en prisión, sin que hasta ahora se haya dictado sentencia, por lo que con base al artículo 8 del Código Procesal Penal se le cambia la medida de la detención provisional al arresto domiciliar”, dice un comunicado divulgado por Juzgados.
A Víctor Castillo se le encontró el teléfono celular de la agente Ayala. Por este caso son procesados varios oficiales, agentes y civiles que tuvieron diferente participación, siendo Juan Josué Castillo Arévalo el único procesado por homicidio agravado.
El proceso contra Castillo Campos estaba programado para marzo, sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 fue reagendado, la fecha aún no ha sido definida.
Organizaciones de mujeres exigen al Estado salvadoreño garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. El recordatorio ha sido hecho en diferentes momentos de la emergencia nacional por la pandemia de coronavirus ya que, solo en este período, los hechos de violencia y feminicidios han aumentado.
Datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) registran 26 feminicidios entre el 17 de marzo y el 2 de junio. Además, reportan alza de la violencia contra las mujeres del 70%, en el marco de la pandemia de COVID-19.
JUSTICIA!!!
El feminicio es algo que marca una línea muy delgada entre el hombre y la justicia. Cabe destacar que el pais donde vivimos es manipulado por personas que ven el bien propio, las mujeres que se encuentran en altos rangos de gobierno sólo se enfocan en la política y dejan a un lado la seguridad de la mujer común.
Las ONG que se encuentran activas para proteger a la mujer, pocas o ningunas son resguardadas, las dejan a la deriva esperando que ellas hagan todo el trabajo que las personas de gobierno deberían hacer, hay una ley que apoya a ls mujeres y el derecho de igualdad, pero en este país un asesinato es uno más a la lista, indican que van a investigar, hayas pistas entre más, pero al final dejan los casos sin resolver ¿por qué? ¿Es por temor? Han venido a mejorar, curar y darle avance a el país, no a enterrar, ocultar y terminar de botarlo.