//Feministas demandan garantizar salud reproductiva y aborto seguro, frente al silencio del Estado

Feministas demandan garantizar salud reproductiva y aborto seguro, frente al silencio del Estado

A las organizaciones les preocupa que no exista una mesa de diálogo con las autoridades del gobierno central, para abordar los derechos sexuales y reproductivos y las consecuencias de la penalización del aborto en todas sus causales.

Por: Josseline Roca (@JVioletaRoca) / Foto: Colectiva Feminista

Frente al Ministerio de Salud (MINSAL), representantes de organizaciones feministas que integran la articulación Sombrilla Centroamericana denunciaron un debilitamiento en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el El Salvador.

En el Día por la Despenalización del Aborto, las defensoras señalaron que en los primeros seis meses del 2020, el MINSAL registró 258 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años y 6,581 en edades de 15 a 19 años.

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Las activistas también señalan que la penalización absoluta del aborto genera graves implicaciones en la vida y la salud de las mujeres y que esto debe ser abordado como un tema de salud pública.

Sara García, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, señaló que estamos frente a “un Estado feminicida”, al recordar que en 2018, 32 mujeres embarazadas perdieron la vida debido a problemas de salud evitables.

Las defensoras demandan, frente al Ministerio de Salud, que el aborto sea abordado como un tema de salud pública. Video: Colectiva Feminista

“La violencia sexual, los embarazos impuestos, la persecución y criminalización de las mujeres, adolescentes y niñas configuran un escenario donde el suicidio de adolescentes se ha convertido en la primera causa de muerte materna”, afirman en un comunicado.

Apuntan hacia la Fiscalía General y a los tribunales por no asumir su rol de garantizar justicia a las niñas y mujeres.

A las organizaciones también les inquieta que no exista una mesa de diálogo con las autoridades del gobierno central, para abordar los derechos sexuales y reproductivos y las consecuencias de la penalización del aborto en todas sus causales.

Afirman que la garantía de estos derechos no puede ser suspendida en el contexto de la pandemia y demandan al Ejecutivo que emita “directrices apropiadas” para la continuidad de los servicios de salud reproductiva.

El silencio del Gobierno

Ni un tuit. En las cuentas oficiales de redes sociales del Presidente de la República, Nayib Bukele, del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) no hubo pronunciamientos sobre el Día de la Despenalización del Aborto, como suelen hacerlo en otros temas.

Hace dos años, Bukele dijo que respaldaría la despenalización del aborto en una de las causales que plantean las organizaciones feministas: cuando la vida de la mujer gestante esté en riesgo. Lo afirmó mientras era candidato a la presidencia.

“Son unos hipócritas, Nayib Bukele en campaña dijo que su gobierno no iba a criminalizar a las mujeres víctimas de emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios y que estaba de acuerdo con la vida y la salud de las mujeres en torno al aborto”, declaró hoy a la Red Informativa de Arpas, Keyla Cáceres, de la Agrupación.

Afirmó que en lo que va de la actual gestión presidencial se ha contabilizado el mismo total de denuncias que en las administraciones anteriores. “Solo en el período de la pandemia la Agrupación ha registrado entre siete y ocho detenciones por emergencias obstétricas”, sostuvo.

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La deuda de la Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa ha dilatado el debate por la despenalización del aborto en cuatro causales desde 2016, cuando recibió una primera propuesta. Esta se refería a circunstancias en que la vida y la salud de las mujeres esté en riesgo o el embarazo sea resultado de una violación sexual.

“Hay falta de voluntad política para hablar sobre el tema, porque aunque no haya correlación para legislar, debería ser parte de la agenda de diálogo entre la sociedad civil y las diputadas y diputados”, apuntó Cáceres.

El Salvador sigue siendo uno de los pocos países en el mundo que penaliza de manera absoluta el aborto, lo cual, según las organizaciones feministas, impacta de manera diferenciada a mujeres jóvenes en condiciones de pobreza. Hasta el momento, según datos de las organizaciones, hay al menos 18 mujeres encarceladas tras enfrentar emergencias obstétricas.

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Los llamados al Estado salvadoreño para que modifique la normativa sobre la interrupción del embarazo han venido de organizaciones como Amnistía Internacional, organismos como la ONU e instancias como el Parlamento Europeo.

En octubre de 2018, el Comité de Derechos del Niño recomendó a El Salvador despenalizar el aborto. Señaló su preocupación por la alta tasa de embarazos en niñas y adolescentes que se registran anualmente en el país y lo restrictivo de la legislación e cuanto a la interrupción del embarazo.

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Cada 28 de septiembre, en América Latina y el Caribe, miles de mujeres participan en acciones para incidir en que se garantice un aborto legal, seguro y gratuito.

En el país han sido tendencias, en la red social Twitter, las etiquetas #AbortoLegalYa y #SeráLey, a favor de la interrupción del embarazo y del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. También es tendencia #AbortoNoEsDerecho, promovido por grupos conservadores que rechazan el tema.