El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, General Mark Milley, afirmó, la semana pasada, que el Ejército “jura defender a la Constitución y no a un dictador”. Esto como respuesta a los manoseos políticos de las Fuerzas Armadas realizados por el todavía Presidente Donald Trump.

“No hemos jurado defender a un rey o a una reina, a un tirano o a un dictador; no hemos jurado defender a un individuo, no hemos jurado defender a un país, a una tribu o a una religión: hemos jurado defender la Constitución”, declaró Milley, un día después de que Trump despidiera al secretario de Defensa y que varios altos funcionarios del Pentágono renunciaron en protesta.

En la misma línea del jefe militar estadounidense, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Brasil, General Edson Pujol, le corrigió la plana al Presidente Jair Bolsonaro. “El Ejército no obedece a partidos, no hace política partidaria y los militares no queremos la política en los cuarteles”, expresó Pujol, ante las amenazas de Bolsonaro contra el presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden.

Ante posibles sanciones del próximo gobierno estadounidense a la negativa brasileña de frenar la destrucción de la selva amazónica, Bolsonaro le recordó a Biden que “Brasil tiene pólvora” cuando la diplomacia no alcanza. Frente a tan estúpida declaración presidencial, el General Pujol se distanció inmediatamente y aclaró que “el Ejército no es parte del gobierno, sino del Estado”.

Ojalá que las declaraciones de los jefes militares de Estados Unidos y de Brasil fueran escuchadas por los miembros la cúpula castrense salvadoreña, quienes actúan bajo la premisa contraria: jurar ante el presidente de turno y no ante la Constitución. Lo confirma el total sometimiento de la Fuerza Armada a los designios del Presidente Nayib Bukele.

El hecho más ilustrativo fue la militarización de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero, cuando los militares salvadoreños, en vez de advertir a Nayib Bukele sobre las graves consecuencias legales, lo respaldaron y acompañaron en su intento de golpe contra el Parlamento.

Otro ejemplo emblemático es el bloqueo militar a las inspecciones de los archivos militares. En respaldo a la negativa presidencial de permitir el acceso a dichos documentos, la cúpula castrense incumple la orden del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera que investiga la Masacre de El Mozote.

Así como aprendieron las ominosas lecciones sobre represión, tortura y guerra sucia que sus mentores estadounidenses les dieron en la Escuela de las Américas, los militares salvadoreños deberían ahora seguir el ejemplo de respeto a la institucionalidad que expresan las declaraciones del General Milley.

En tal sentido, Merino Monroy y compañía deberían someterse a la Constitución y no a la instrumentalización política del gobierno de Bukele. La Fuerza Armada está para defender la soberanía nacional y auxiliar a la población en situación de desastres, no para acompañar los delirios autoritarios de un presidente que no respeta las reglas democráticas y busca perpetuarse en el poder.