Uno de los regímenes genocidas más oprobiosos que existió en la segunda mitad del siglo xx es el de los “Jemeres Rojos”, de Camboya, en la península indochina del continente asiático, entre 1975 y 1979.

Los “Jemeres Rojos” pertenecían al Partido Comunista de Camboya dirigido por Pol Pot, se declaraban maoístas y eran apoyados por China. Cuando tomaron el poder se propusieron impulsar un “socialismo agrario” que condujera al “comunismo primitivo”, por lo que decidieron destruir la cultura urbana y obligar a la población de las ciudades a vivir en el campo para hacer trabajo forzado. El objetivo era anular todo lo existente y empezar de cero la construcción de su “utopía comunista”.

Finalmente, una invasión militar de Vietnam en 1979 acabó con el régimen de los “Jemeres Rojos” que, en solo cuatro años, ya había masacrado a una cuarta parte de la población camboyana: dos de ocho millones de personas, en el macabro intento de imponer su radical proyecto político.

Esta filosofía de los “Jemeres Rojos”, del “borrón y cuenta nueva”, parece inspirar al bukelismo en la Asamblea Legislativa: la semana pasada, Nuevas Ideas decidió enviar al archivo varias propuestas de ley, reformas y decretos legislativos que estaban en estudio de diferentes comisiones, sin siquiera revisarlas y al son de expresiones como: “ésta es una nueva Asamblea”, “no vamos a seguir las propuestas de los mismos de siempre”, “lo haremos todo nuevo” y “hay que empezar de cero”.

En ese afán, esta especie de “jemeres salvadoreños” mandaron al basurero propuestas de ley urgentes, presentadas por organizaciones sociales y que tenían importantes avances en su estudio. Una es la Ley General de Agua que, además de tener la mayoría de artículos aprobados, había logrado consenso sobre la integración totalmente pública del ente rector de las políticas hídricas, su punto medular y de mayor discusión.

La Ley de Agua había sido presentada por una amplia coalición de organizaciones ciudadanas, la UCA, la iglesia católica y las iglesias históricas que también promueven una reforma constitucional que reconozca el derecho humano al agua y a la alimentación.

A pesar de la urgencia de aprobar esta ley, la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático decidió mandarla al archivo, lo cual tiene como consecuencia la imposibilidad de retomarla durante los próximos seis meses. Esta comisión también descartó los proyectos de ley de Soberanía Alimentaria, de Agrotóxicos, entre otros.

Las comisiones de Economía, Financiera y de la Mujer también desecharon valiosas propuestas sobre beneficios para los consumidores, microempresas, identidad de género y derechos de la población LGTBI. Sin tener idea de su contenido, los diputados oficialistas determinaron que estas iniciativas “eran obsoletas”, “no respondían a la realidad” o que “fueron presentadas por cúpulas”.

Es posible que en los próximos días -siguiendo órdenes de Casa Presidencial y consejos de opositores venezolanos que asesoran a Nayib Bukele- los “jemeres cyan” también manden al basurero las leyes de Protección a Periodistas, de Reconciliación Nacional, de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, entre otras.

Es probable que la misma suerte corran la propuesta para fortalecer la CICIES, las reformas para despenalizar el aborto en las causales que plantean las organizaciones feministas y diversas iniciativas orientadas a combatir la evasión y la elusión tributaria.

Ojalá más temprano que tarde la población comprenda que esos discursos de “hacer todo de nuevo” o “empezar de cero” no corresponden a una perspectiva real de abordar estructural y radicalmente las problemáticas del país, sino a estrategias propagandísticas de la permanente campaña política bukelista que -en la práctica- sólo retrasan la búsqueda de soluciones a esos problemas y violentan derechos de la gente.