Esta semana circuló en redes sociales y en medios digitales un perturbador video donde un par de pandilleros vapulean a un anciano por haber traspasado los “límites territoriales pandilleriles” en el municipio de Colón, en La Libertad.

Ante la “viralización” e impacto público del video, el Director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, se expresó “indignado” en Twitter; y más tarde las autoridades de Seguridad exhibían detenido a uno de los supuestos involucrados en la repudiable agresión física contra el adulto mayor.

El referido acto de violencia evidencia que, a pesar del publicitado “Plan Control Territorial” (el programa estrella de la desconocida estrategia gubernamental de seguridad), las pandillas siguen teniendo el control en distintos puntos del país donde dichos grupos criminales deciden quién entra y quién sale del espacio que han delimitado como “su territorio”.

Esto, además, sucede en medio de nuevas sospechas de posibles acuerdos entre el gobierno y las maras. La semana pasada La Prensa Gráfica publicó que magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nombrados el pasado 1o de mayo por la mayoría parlamentaria oficialista, intentaron frenar la extradición de un pandillero hacia Estados Unidos.

Lo revelado por este medio impreso reaviva las sospechas que provocó una investigación periodística de El Faro. El semanario digital reveló, en septiembre de 2020, que el gobierno “llevaba un año negociando con una de las pandillas reducción de asesinatos y apoyo electoral”.

Hay otros hechos criminales, no necesariamente vinculados al actuar de la maras, que también confirman que el gobierno no tiene el control territorial. Entre éstos están los asesinatos seriales en Chalchuapa, cometidos por el ex policía Hugo Ernesto Osorio Chávez, quien -según una nota censurada de la revista digital Factum- asesinó a al menos 13 personas, mayoritariamente mujeres, durante el último año.

Incluso, varios crímenes del “asesino de Chalchuapa” fueron en plena cuarentena domiciliar obligatoria, cuando militares y policías detenían a cualquiera que saliera de su casa, incluidas personas que iban a trabajar para conseguir su sustento diario o una mujer detenida en una comunidad de San Salvador por llevar a su hijo al servicio sanitario fuera de su casa el 9 de abril de 2020.

El presidente Nayib Bukele, con su omnipresente aparato propagandístico y el séquito de repetidores de su discurso, insiste en la “reducción de asesinatos”, en su “efectividad para investigar desapariciones” y en el “control territorial militar y policial”. Sin embargo, la realidad -con sus hechos inapelables- dista mucho de la narrativa oficial.