La semana pasada circuló en redes sociales un video en el cual una mujer angustiada denunciaba que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se negaban a capturar a un agresor sexual por el hecho de ser miembro del gobernante partido Nuevas Ideas.

El hecho no fue desmentido por el director de la PNC ni por el presidente Nayib Bukele o su ministro de Seguridad Pública. Y, de ser cierta, la denuncia es una confirmación de la peligrosa instrumentalización del cuerpo policial cuya función es servir a la población, no a gobiernos o partidos.

En redes sociales y medios de comunicación también se difunde con frecuencia información sobre supuestos contubernios entre policías y miembros de pandillas, con las que la administración Bukele mantiene oscuros acuerdos que han sido revelados por investigaciones periodísticas.

Desde la llegada de Nayib Bukele a presidir el gobierno, la PNC mantiene un sometimiento absurdo, ilegal y vergonzoso a los designios del Ejecutivo que no tiene precedentes en los gobiernos anteriores.

Ciertamente la Policía es parte del Ejecutivo y recibe órdenes del ministro de Seguridad y del presidente de la república, pero en la lógica de hacer cumplir la ley y servir a la población, no para proteger o garantizar intereses partidarios del gobierno de turno.

Antes del 1o de mayo de este año cuando la Asamblea aún estaba controlada por la oposición, la PNC se negaba a llevar por apremio a funcionarios gubernamentales que desobedecían citatorios de comisiones legislativas y el 11 de noviembre de 2020 bloqueó diligencias de la Fiscalía cuando investigaba casos de corrupción en el Ministerio de Salud.

La PNC surgió con los Acuerdos de Paz para servir a la población, no a partidos políticos ni al gobierno de turno. Sin embargo, actualmente actúa como cuerpo de agentes gubernamentales en función de los intereses del presidente Bukele y su partido.

Frente a tan deplorable deterioro de la PNC y antes de que ésta se desnaturalice por completo, la ciudadanía debe pronunciarse por el profesionalismo y el respeto al mandato constitucional de la institución policial.

Ojalá que también los buenos agentes policiales se revelen contra la referida instrumentalización política y exijan cambiar el rumbo equivocado dado por las actuales autoridades. Los y los policías saben que se deben a la población, y no a intereses de gobiernos o partidos.