Una vez más un Juzgado de Ahuachapán suspendió la audiencia contra los líderes defensores del agua de Tacuba, quienes enfrentan un proceso penal por defender su derecho de administración comunitaria del agua, según afirman las organizaciones que les acompañan.

El proceso de criminalización de los líderes inició en 2010, en ese momento el entonces alcalde de Tacuba, Joel Ramírez Acosta, los acusó de hurto de fluidos y otros delitos, cuando no se le permitió apropiarse del sistema de agua del que se abastecen siete comunidades.

“El proceso penal contra los líderes de Tacuba nunca debió ser” dijo a la Red Informativa de Arpas Karen Ramírez, de la Asociación Humanitaria Provida.

Para esta organización, parte del Foro del Agua, este es un caso emblemático que demuestra la necesidad de una ley que regule el uso y la administración del bien natural.

Edwin Trejo señaló que “desde 2010 la Fiscalía está invirtiendo en criminalizar a los defensores. Quizá hay grupos de poder a quienes les incomoda que campesinos realicen una gestión comunitaria exitosa”, señaló.

Agregó que “los defensores son titulares de una fuente de agua, en la zona hay monocultivos, no sabemos si hay intereses de las fincas. Hay un ataque frontal a la gestión comunitaria del agua. El Estado está incumpliendo el derecho humano al no legislar en el tema”.

La audiencia se realizará en enero de 2020. Las organizaciones exigen a la Fiscalía detener el proceso de criminalización en un caso que tiene a la base la defensa de derechos humanos.