La reducción de la deuda pública, el combate a la evasión de impuestos y la eliminación de fondos como la partida secreta y la Contribución Especial para la Seguridad, fueron algunos de las compromisos en materia económica con los que Nayib Bukele se presentó a la población durante su campaña. A un año de su gestión ¿ha iniciado el proceso para cumplir lo prometido? Economistas consultados por la Red Informativa de ARPAS señalan que las decisiones del gobierno han puesto en peligro la garantía de derechos fundamentales de la ciudadanía.
Por Krissia Girón y Norma Ramírez/ Foto: Casa Presidencial
El gobierno de Nayib Bukele inició con una buena relación con la empresa privada y grandes expectativas de crecimiento económico.
“El Salvador será, al final del gobierno (2024), una economía con mayores niveles de generación de empleo, con mayor competitividad internacional, con tasas de crecimiento de la economía de -al menos- al 3.5%, con un déficit fiscal controlado, una deuda pública tendiente a reducirse como proporción del PIB, con un sistema de pensiones más equitativo y proclive a la inclusión, con una estructura tributaria progresiva que responda a las necesidades sociales, institucionales y ambientales, y sustentado en una mayor igualdad para las personas”.
Este fue el compromiso económico plasmado en el Plan Cuscatlán, plataforma de promesas de campaña utilizadas por Nayib Bukele como candidato a la presidencia de la República por el partido GANA.
En ese periodo, Bukele hizo algunas promesas “emblemáticas” en el tema económico: reducción de la deuda pública, combate a la evasión de impuestos y la eliminación de fondos como la partida secreta y la Contribución Especial para la Seguridad.
Tras asumir la presidencia el 01 de junio de 2019, las “promesas” económicas fueron reiteradas y la reducción de homicidios -que el gobierno atribuyó a su incipiente Pan Control Territorial-, fue para algunas agencias de cooperación, empresa privada y “países amigos”, una luz verde para la inversión económica. Así lo expresó el presidente de la República en su discurso durante el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) de noviembre de 2019.
Ahí destacó acciones como la inauguración de varios proyectos de la empresa privada, firma de acuerdos con grandes corporaciones como Microsoft, la Liga Española y otras; además de la puesta en marcha de proyectos insignia como “Surf City”, orientado al turismo. También, reiteró su compromiso por “respetar el sistema democrático”.
“Estados Unidos nos restableció la ayuda, bajaron la alerta de viaje a El Salvador. Y qué dice el Fondo Monetario Internacional: ‘las autoridades están enfrentando al delito y la corrupción de manera firme, y comenzando a apoyar entorno empresarial con el fin de apoyar el crecimiento económico’. También la directora de ayuda de la Unión Europea dijo que estaba tan impresionada con El Salvador que aprobó 22 millones de euros para la Fase II del Plan Control Territorial”, afirmó el mandatario.
Al cumplir sus primeros cien días de gestión, el presidente Nayib Bukele afirmó que la empresa privada y la comunidad internacional eran dos pilares importantes para el “desarrollo” del país.
Pocas semanas después de haber jurado “sacar a nuestro país adelante”, anunció que instruyó al ministro de Medio Ambiente a que agilizara la entrega de permisos ambientales, para “incentivar” la inversión. Esto fue rechazado por organizaciones ambientalistas, quienes cuestionaron que la decisión gubernamental privilegiaba a la gran empresa privada sobre los bienes naturales.
Aunque Bukele destacó el “restablecimiento” de relaciones con Estados Unidos como uno de sus principales «aliados», a inicios del mes de diciembre -junto a un equipo de su gobierno-, visitó China (principal competencia comercial de EEUU) para buscar «mayores inversiones». Durante su campaña se especuló que podría romper las relaciones diplomáticas recién establecidas con el gigante asiático.
En ese mismo mes, en la Asamblea Legislativa se aprobaron dos iniciativas del Ejecutivo: una Ley especial que permite la exención del pago de multas e intereses a quienes estén en situación de mora con el fisco, denominada “Ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras”, y el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2020. Este último, con las luces y sombras que analistas advirtieron.
Ambos proyectos no fueron acompañados por la fracción del FMLN debido a que señalaron que el PGN no cumplía con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Pese a que en el Presupuesto se eliminó la “partida secreta”, este incluía apartados denominados “gastos financieros”, “gastos varios”, “gastos diversos”, “transferencias a personas” y otros que no especificaban el destino de los fondos, así lo denunciaron organizaciones sociales como la Coordinadora de Movimientos Populares.
Las organizaciones advirtieron las consecuencias que tendría la eliminación de algunos programas sociales, reducción del subsidio al gas y la disminución del presupuesto al Ministerio de Medio ambiente, mientras que a carteras como el Ministerio de Defensa y rubros como la publicidad reflejaban incrementos.
“Es alarmante que la mayor reducción ocurra en el Ministerio de Medio Ambiente, particularmente en la Unidad de Cumplimiento Ambiental. Además, el recorte de $33.5 millones para Atención a la Persona en el Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, afectarían sobre todo a las regiones occidental y oriental que tendrían $10.8 y $9.6 millones menos, respectivamente”, señalaron las organizaciones.
Otra de las críticas hacia el PGN 2020 fuela reducción en servicios esenciales para la atención de violencia contra la mujer. Según Panorama Económico, la variación de presupuesto en programas dirigdos a esta población fue de $-61,114,414.
El presidente Bukele presentó en enero de este año su plan “Despegue Económico”, que tiene, entre otros objetivos, mejorar las condiciones económicas del país y facilitar la inversión nacional y extranjera. El mandatario aseguró, en ese momento, que el documento estaría listo en seis meses.
El documento de la política económica del gobierno se dio mientras en la Asamblea Legislativa se discutía aún la autorización para que el gobierno gestionara fodos para su estrategia de seguridad (Plan Control Territorial).
Preocupación ciudadana por la economía
Según una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, publicada en enero de este año, el 65.4% de la población encuestada consideraba que la situación económica seguía igual.
Para entonces, pese a la situación económica, la percepción sobre la situación general del país y del papel del nuevo gobierno era positiva.
Improvisación y endeudamiento. “El dinero alcanza cuando se gestiona bien”
Al cumplirse un año de la administración presidencial de Nayib Bukele, la economista Julia Evelyn Martínez reprueba su gestión económica. Según dijo a la Red Informativa de ARPAS, las principales características con las que describe a Bukele son la improvisación y el endeudamiento.
“Pareciera que las medidas que anuncia o las reformas que decide en materia económica las hace al calor del momento, de acuerdo al estado de ánimo, o muchas veces sin tomar en cuenta el diagnóstico de la situación y las implicaciones que van a tener éstas”, señaló Martínez.
Cuestiona, además, la ausencia de un documento oficial que detalle las medidas económicas que el gobierno va a implementar. Para la también docente universitaria, ésto también se constituye en falta de transparencia.
Sobre la deuda pública, Julia Evelyn Martinez sostiene que el mandatario debe de reducir “convulsión” hacia esta práctica, ya que puede significar un obstáculo para los próximos 10 años.
“Aquí es donde viene la irresponsabilidad, porque en campaña decía ‘el dinero alcanza cuando nadie roba’, pero el dinero alcanza cuando se gestiona bien, cuando se planifica, cuando se toman de decisiones de acuerdo a los recursos”, aseveró.
Martínez sostuvo que para el próximo año tendremos un aumento de $3,700 millones de endeudamiento pública, lo que equivale a más del 50% del Presupuesto de este año y a casi al 90% del Producto Interno Bruto (PIB).
La economista también ha expresado, en diferentes momentos, su preocupación por lo que considera una profundización de las políticas neoliberales por parte del gobierno de Nayib Bukele, que priorizan en el gran capital en detrimento de los intereses de la población.
En el marco de la pandemia por COVID-19, Julia Evelyn Martínez, asegura que el camino para enfrentar la crisis no es aumentar el endeudamiento público.
La economista, Tatiana Marroquín, señaló que uno de los problemas de la actual gestión presidencial es que no existe un plan de gobierno, o al menos no se conoce públicamente.
“Lo poco que hemos visto y, lo más contundente en términos de política pública, ha sido el Presupuesto, porque ahí tenemos claro cuales son las prioridades de cada uno de los ramos. Por ejemplo, cuando analizamos economía nos llama la atención que se ha suspendido el subsidio al gas”, expresó.
También señaló la reducción de presupuesto en el Consejo Nacional para la Micro, Pequeña y Mediana empresa (CONAMYPE) y otros fondos para micro empresas.
En cuanto a planificación, Marroquín considera que el cierre de las secretarías presidenciales disueltas a inicio de la gestión de Bukele, afectó este proceso.
Para el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, el país ya registraba desaceleración económica, es decir, un crecimiento más lento. Según las cifras oficiales, en el 2019 se creció a una tasa del 2.3%, cuando en el 2018 había crecido al 2.5%.
“En el año 2020 la expectativa era que la economía iba a crecer más, sin embargo, con el impacto del COVID-19, El Salvador va a tener la caída más grande de toda la era democrática, por lo menos del 6% del Producto Interno Bruto. Adicionalmente pueden haber 220 mil empleos perdidos, 800 mil personas están en riesgo de caer en la pobreza. Es decir, el panorama es sumamente complicado”, advirtió Castaneda.
El representa de ICEFI las prioridades del gobierno, expresadas en el Presupuesto General de la Nación, no son tendientes a garantizar derechos fundamentales de la población.
“Cuando se aprueba este presupuesto para el año 2020, si bien era cierto que había un incremento en el gasto social, este era inferior si se comparaba, por ejemplo, con aumentos que tenían instituciones como el Ministerio de la Defensa o el Ministerio de Justicia y Seguridad. Era claro que la prioridad estaba en esa línea”, expresó Castaneda.
Luego de que Bukele asumiera como presidente de la República, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales le recomendó promover un pacto fiscal con todos los sectores del país, como una medida que permitiría a la economía avanzar.
Los costos de un mal manejo de la crisis
Con la pandemia por COVID-19 y los impactos de las tormentas Amanda y Cristóbal, quedó en mayor evidencia la alta vulnerabilidad del territorio y los factores de riesgo en las condiciones de vida de las personas, principalmente aquellas históricamente excluidas.
Las y el economista coinciden en que el manejo de estas debe estar acompañada de transparencia en el uso de los fondos, la priorización de los gastos y en la garantía de derechos fundamentales de la población.
En medio de la crisis, la discusión por la aprobación de más préstamos para el Ejecutivo -que se traducen en mayor deuda para el país- ha mantenido en tensión a los Órganos Ejecutivo y Legislativo. El presidente Bukele ha afirmado que “no se le ha dado un solo centavo” para el combate a la emergencia de COVID-19 en la Asamblea.
No obstante, la economista Tatiana Marroquín desmiente esta afirmación.
“El discurso manipula detalles técnicos a los que la población no tiene alcance. Por ejemplo, los $3 mil millones bajo el mecanismo de títulos valores y préstamos, acá no se necesita ningún tipo de ratificación de la Asamblea Legislativa. El obstáculo que tiene el Ejecutivo es que los mercados no está comprando deuda de El Salvador porque es demasiado riesgosa”, explicó.
Ricardo Castaneda, del ICEFI, considera que el país está en una situación histórica. “La crisis es inédita, sobre todo cuando se ha combinado una crisis económica, con la pandemia y con una crisis ambiental. El poder enfrentar todos estos obstáculos requiere de una unidad que se base en la posibilidad de garantizar el bienestar de todas las personas, pero sobre todo de las más vulnerables”, dijo.
Muchos hablan de volver a la normalidad, expresó Castaneda, “pero esta normalidad para muchas personas era que no tenían ingresos suficientes para comprar alimentos, muchos niños y niñas no tenían acceso a la educación o a la salud. La nueva normalidad debería ser una en la que se empiecen a garantizar esos derechos. Esto será posible si se logra transformar la política fiscal. La elaboración del presupuesto para el 2021 es clave para poder ir re definiendo todos esos cambios que se necesitan”, afirmó el economista.
Asimismo, recordó que es importante que en contextos como el de la crisis por COVID-19, las instituciones públicas mantengan políticas de acceso a la información pública. Para él, la transparencia no está en cuarentena.
“El tema de la transparencia es clave para hablar de legitimidad a la administración pública frente a la ciudadanía. Se hace cada vez más importante en épocas de crisis, porque al haber un relajamiento de los mecanismos de compras y contrataciones pueden provocar algunos focos de corrupción y la mejor forma de prevenir esto es garantizando el acceso a la información pública”, aseveró.
El ICEFI propone crear en el portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda, un apartado específico para todos los gastos relacionados con la atención de la crisis, “esto va con saber qué instituciones están gastando, quienes son los proveedores, etc, porque esto permite dar más certeza de que los recursos con los que cuenta el Estado se usan de manera adecuada”, explicó.
Según diferentes encuestas, la economía es uno de los principales temas que preocupan a la población salvadoreña y que se constituye como uno de los grandes retos para la administración presidencial de Nayib Bukele.
Economistas y organizaciones han exhortado al mandatario a priorizar en sus políticas los intereses de las clases empobrecidas, impulsar una reforma fiscal progresiva -en la que quienes tienen más, paguen más-, promover una redistribución justa de la riqueza y desmontar el modelo neoliberal en el país.
