Dos hechos recientes constituyen precedentes importantes en la búsqueda de justicia contra la impunidad y la corrupción. Ayer, el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó reabrir el “Caso Jesuitas” para investigar a los autores intelectuales de la masacre de la UCA; y ahora, el Juzgado Tercero de Sentencia de esta misma ciudad condenó a diez años de prisión a Nicola Angelucci por malversar más de 6 millones de dólares.
En el primer caso, es positivo que el Sistema Judicial retome las investigaciones contra los responsables intelectuales del vil asesinato de Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno y Amando López, y sus dos colaboradoras Elba y Celina Ramos, ejecutados en noviembre de 1989.
Las pesquisas podrían alcanzar al propio ex presidente de la república Alfredo Cristiani, quien como Comandante General de las Fuerzas Armadas debió avalar o, al menos, estar enterado del asesinato de los padres jesuitas. En este caso sólo fueron procesados autores materiales, pero éstos quedaron libres tras la aprobación de la ominosa Ley de Amnistía en 1993.
Y en el segundo caso, es relevante que el emblemático acto de corrupción de “INFOCENTROS” sea condenado como principal responsable Angelucci, ex presidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) durante los gobiernos presididos por Francisco Flores y Antonio Saca.
Según la resolución judicial, el ex funcionario arenero es culpable del delito de peculado por malversar 6 millones 173 mil dólares entre 1999 y 2009. Este caso fue denunciado por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción en julio de 2010.
Estos dos hechos positivos deberían ser el inicio de una verdadera aplicación de justicia en casos de crímenes de lesa humanidad y de corrupción con fondos públicos. En tal sentido, tras la reapertura del “Caso Jesuitas”, deberían investigarse el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y todas las masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y demás violaciones a los derechos humanos cometidos antes y durante la guerra civil.
Así mismo, la condena en el caso “INFOCENTROS” debería presionar en los demás casos de corrupción que están impunes: FECEPE, “destinatarios de Taiwán” y los 150 casos presentados por la Secretaría de Transparencia (Ex bulevar Diego de Holguín, proyecto RHESSA, Hospital de Maternidad, etc.).
También está pendiente aplicar de la Ley de Extinción de Dominio al partido ARENA por el robo de 10 millones de dólares donados por Taiwán, que eran para los afectados por los terremotos de 2001; y reabrir el “Caso Saca” para procesar a sus “destinatarios”, entre los cuales está también el partido oligárquico.
Ojalá, pues, que la ciudadanía democrática, decente, honrada y trabajadora presione para que la reapertura del “Caso Jesuitas” y la condena contra Nicola Angelucci sean dos precedentes que desencadenen otros actos de justicia.
Esperemos que así sea.
