En un escrito presentado a la Fiscalía, ARPAS y ReDCo piden aplicar el procedimiento de extinción del dominio de las concesiones de Promotora de Comunicaciones, Radiodifusión Usuluteca, ABC FM Stereo y demás empresas integrantes del Grupo SAMIX, emporio mediático miembro de ASDER y AIR (Asociación Salvadoreña de Radiodifusores y Asociación Interamericana de Radiodifusores, de las que Saca también fue presidente).
La Ley de Extinción de Dominio permite expropiar bienes que provienen o están destinados a actividades relacionadas con el lavado de dinero y activos, narcotráfico, corrupción, crimen organizado, pandillas o cualquier agrupación criminal, actos terroristas, tráfico de armas, trata de personas, etc.
También aplica en actividades cuyo beneficio económico constituya incrementos patrimoniales injustificados o plantee elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas. Por tanto, ARPAS y ReDCo argumentan la pertinencia de aplicarla a las concesiones de SAMIX porque éstas fueron utilizadas en la millonaria operación de lavado de dinero.
Los fondos fueron desviados desde CAPRES hacia cuentas del imputado a través de agencias publicitarias y de las empresas radiofónicas de SAMIX, y éstas incrementaron en 1,600% sus ingresos durante el quinquenio (2004-2009), cuando Antonio Saca gobernó el país. Durante ese mismo período Saca presidió el Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del oligárquico partido ARENA.
ARPAS y ReDCo proponen que – al ser revertidas estas concesiones – las frecuencias vuelvan a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y sean reasignadas a nuevos operadores públicos, privados y comunitarios. Así se contribuirá a la transparencia en las concesiones radioeléctricas y a la democratización de la comunicación, en el marco de la implementación de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones aprobadas el año pasado.
Por eso, ARPAS y ReDCo solicitarán también a SIGET que acelere el proceso de recuperación de dichas frecuencias. También pedirán la no renovación de otras concesiones de radio y televisión que tengan alguna irregularidad en su proceso de asignación o en el uso actual.
