A través de un comunicado, la Mesa demandó al órgano ejecutivo que cree en el corto plazo los mecanismos necesarios para operativizar dicha normativa, aprobada el 29 de marzo pasado, entre ellos generar reglamentos y reforzar la institucionalidad responsable de su implementación.

A las instituciones le piden iniciar los procesos de atención de los daños ambientales provocados por actividades de exploración y explotación minera, ya sea iniciando procesos contra las empresas que los provocaron o que lo asuman de manera subsidiaria.

A la Fiscalía General de la República le reclaman que garantice el pago de los 8 millones de dólares que adeuda la empresa minera Oceana Gold, antes Pacific Rim, al Estado salvadoreño desde el 14 de octubre del 2016. Le instó a seguir con acciones similares a la que adoptó recientemente al congelar los bienes de la transnacional.

Para la Mesa la aprobación de Ley de Prohibición de la Minería es un contundente golpe a la empresa Oceana Gold, a quien le exigen cerrar sus instalaciones en el país, así como las de sus filiales y su Fundación “El Dorado” y que se marche de El Salvador.

Finalmente piden a las autoridades tener una visión regional de la problemática que genera la minería.