La resolución del juez se basa en la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, que fue aplicada de manera automática a Saravia, con su entrada en vigencia, pero que el año pasado fue declarada inconstitucional.

En su resolución, el juez responsable del caso, Rigoberto Chicas, consideró que “es una obligación que se acate la sentencia, para garantizar los derechos de las víctimas de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, a una reparación integral, una compensación e indemnización por los daños y perjuicios ocasionados y el conocimiento público de la verdad”.

Además, ordenó a la Fiscalía General de la República, que se pronuncie, debido a que la investigación se inició de oficio y porque “el proceso debe seguirse contra la persona ya imputada con carácter de procesado o contra otros a quienes no se les ha formalizado cargos o no están debidamente individualizados”, dice la resolución.

El pasado 23 de marzo a nombre de Gaspar Romero, hermano del obispo mártir, la Concertación Monseñor Romero y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” solicitó, al juzgado la reapertura del proceso penal por el magnicidio, ocurrido el 24 de marzo de 1980.

Fotografía: El Faro