Según explicó, Ovidio Mauricio, director de esta organización que participa como defensora de las víctimas, la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente declaró improcedente un recurso de apelación presentado por los abogados defensores de los militares cuyo fin, según dijo, era dilatar el proceso:

Desde Tutela Legal, además, se señaló la negativa del Ministerio de la Defensa de dar información sobre los operativos militares que ayudarían a esclarecer el caso, y la inacción de la Fiscalía General de la República en investigar este hecho catalogado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como crimen de lesa humanidad.

David Morales, uno de los abogados de las víctimas, manifestó que en este caso es necesario que la Fiscalía investigue la estructura militar que se instaló para cometer masacres, como la El Mozote, encabezada por el Alto mando de la Fuerza Armada y no limitarse a los autores materiales de los hechos:

Según explicó Morales, son diecisiete los testigos que ya desfilaron en este proceso para dar su testimonio, entre sobrevivientes y familiares de víctimas, a ellos se sumará cinco personas que también relatarán los hechos ocurridos en diciembre de 1981.

Wilfredo Medrano, apoderado legal de las víctimas, explicó que un dato en el que no se ha puesto atención y que fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el rol que jugó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la época quien obstaculizó la investigación:

En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado en la que establece su responsabilidad en esta masacre en la que más de novecientas personas perdieron la vida como parte de un operativo militar.

A 36 años de esta masacre la justicia sigue siendo una deuda de parte del Estado.
Cierre.