La existencia de retrocesos en la PDDH, esa es la principal conclusión de un informe sobre el primer año de gestión de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, elaborado por un grupo de organizaciones sociales en el que se contempla una evaluación del desempeño de la funcionaria desde su elección el 22 de septiembre del año 2016, en la Asamblea Legislativa.

Para estas organizaciones es preocupante sobre todo pues la Procuraduría es una institución que nace de los Acuerdos de Paz, así lo dijo Saúl Baños, director de la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD):

Según Baños, la decisión de la Procuradora de cerrar las delegaciones locales de Metapán, Santa Rosa de Lima y Soyapango no permitió continuar con procesos de capacitación, orientación y organización que afectan principalmente a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres y comunidad de la diversidad sexual, de estas zonas quienes recibían atención inmediata.

Otro de los apartados de este informe revela que desde la administración de la Procuradora, Raquel Caballero de Guevara, ha existido abandono del trabajo de las mesas temáticas de la institución, e incluso cita el informe, “desprecio” al mismo.

Una de estas mesas es la conformada por la población LGBTI quienes recientemente lanzaron la Asociación Federada LGBTI, desde la cual se calificó a la titular de derechos humanos como una “amenaza a la agenda del movimiento de la diversidad sexual”, así lo explicó Bianka Rodríguez de la Asociación COMCAVIS Trans.

La activista agregó que durante la presentación de su informe, el pasado 21 de septiembre, la Procuradora agredió a algunos representantes de las organizaciones:

Desde la Red Informativa de ARPAS se cuestionó a la Procuradora Caballero sobre la denuncia de la comunidad LGBTI por el abandono de la mesa de trabajo, y la respuesta de la funcionaria fue que “quienes no asistían a las convocatorias eran las organizaciones”. Bianka Rodríguez desmintió estas declaraciones y agregó que hacen un llamado a que la funcionaria asuma el rol Constitucional que le ha sido conferido y atienda las necesidades de este sector de la población.

Por su parte, Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, señaló que en el tema mujeres también se registran preocupantes retrocesos, principalmente, en la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos y en la discusión por la despenalización del aborto.

Burgos manifestó que les preocupa que la Procuradora emita valoraciones personales desde su rol como funcionaria pública:

La representante de las organizaciones de mujeres agregó que otras de las preocupaciones es que hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta de parte de la Procuradora sobre una propuesta de Protocolo para la Protección Integral a Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, presentado en diciembre de 2016. Tampoco hay avances en un proyecto financiado por el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas sobre la construcción de indicadores en torno al acceso a la justicia para las mujeres, principalmente de los casos de mujeres que han sufrido complicaciones obstétricas y han sido criminalizadas; proyecto gestionado por la ex Procuradora Adjunta, Rosalía Jovel.

Otro de los señalamientos hacia la gestión de la actual titular de derechos humanos es desde el Sindicato de Empleados y Empleadas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPRODEHES), quienes manifiestan que existe falta de cumplimiento de los derechos laborales y contrato colectivo:

El sindicato de la PDDH también denuncia prácticas de nepotismo, pues la funcionaria ha realizado contrataciones de personal del cual hay sospechas sean familiares de ella o de su esposo, “y sobre esta última persona, sin ser empleado institucional permanece mucho tiempo en el despacho de la Procuradora e interviene en reuniones del personal”, según señalan textualmente en el informe.

Otro de los temas sobre los que la funcionaria tampoco ha puesto mayor atención, según manifestó Miguel Dueñas de ASAFOCAIS, son las condiciones que viven las personas privadas de libertad:

Las organizaciones de derechos humanos también urgieron a la Procuradora Caballero tomar un rol más activo en temas como la defensa del Agua y la lucha contra la minería metálica pues, si bien ha emitido pronunciamiento a favor de la vida y respeto a la madre tierra, no ha mostrado mayor interés en mantener una coordinación activa con las organizaciones ambientalistas.

El pasado 21 de septiembre, Raquel Caballero de Guevara presentó su informe de primer año de gestión y uno de los temas destacados fue la calificación A que otorgó al país el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Sin embargo, las organizaciones le aclararon a la funcionaria que esta calificación corresponde a las anteriores gestiones de la PDDH pues la evaluación de ONU corresponde a noviembre de 2016, tan solo dos meses después de que ella asumiera el cargo, como lo dice Saúl Baños:

Finalmente, las organizaciones exhortaron a la funcionaria a rectificar en los dos años que quedan de su gestión y manifestaron que se mantendrán en pie de lucha para continuar con su trabajo de defensa de los derechos humanos.