La reciente resolución de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, que avala que la Fiscalía General de la República gire órdenes de captura administrativas contra menores de edad que presuntamente hayan cometido algún delito, busca dar una salida fácil a un problema estructural que no está siendo atendido. Así lo señaló Alejandro Labrador, de la Red Activista.

Labrador apuntó que esta decisión de la Sala refleja el interés de algunos sectores de criminalizar, sobre todo a población joven. Además, responde de manera errónea a las expectativas creadas de combate a la criminalidad, pero que poco resultado generará si el sistema de justicia no está preparado para llevar adelante investigaciones exhaustivas y diligentes que esclarezcan los hechos.

Ante esto, el activista hizo un llamado:

En los últimos meses la Asamblea Legislativa ha hecho reformas de ley para endurecer el combate a la criminalidad, como parte de las medidas extraordinarias promovidas por el gobierno. Las autoridades argumentan que esto es necesario para disminuir la delincuencia y el alto número de homicidios.

En este marco, diversas organizaciones señalan abusos contra población civil, sobre todo joven, cometidos por agentes de seguridad pública. Además procesos judiciales irregulares, como el del joven Daniel Alemán. La capturas administrativas contra menores de edad por parte de la Fiscalía, se sumara a ese contexto.