Foto: Ministerio de Justicia
Las medidas extraordinarias de seguridad implementadas en El Salvador han provocado la obstaculización del derecho de defensa de los privados de libertad y prácticas de tortura, así lo denunciaron organizaciones sociales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la audiencia temática sobre la situación de las personas privadas de libertad, Arnaú Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDUCA), interpeló al Estado salvadoreño por los impactos que, según dijo, generan estas medidas implementadas desde 2016 y que se han prorrogado dos veces.
Otro de los señalamientos que hizo Baulenas ante la CIDH es que en la actualidad las políticas de seguridad hacen énfasis en la represión del delito. En lo relacionado al control penitenciario expusieron junto a Johana Ramírez del Servicio Social Pasionista, que incluso hay personas en las cárceles que tienen 2 años de no ver a sus familiares. Además, que existe un incremento del 400% de casos de tuberculosis en estos recintos, según la Procuraduría de Derechos Humanos.
Ante esto, el Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, reconoció que el mayor problema es el hacinamiento penitenciario; no obstante, tanto el funcionario como las organizaciones aseguraron que ha habido algunos avances en la construcción de nuevos recintos para descongestionar el actual sistema.
Ramírez Landaverde, defendió una vez más ante la CIDH la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad. Aseguró que desde 2016 están abordando de manera integral la problemática de violencia, incluyendo represión, prevención, reinserción y atención a víctimas.
El IDHUCA y el Servicio Social Pasionista pidió una vez más a la CIDH que recomiende al Estado salvadoreño que derogue las medidas extraordinarias de seguridad, que se garantice la visita a los privados de libertad, que se mejore sus condiciones y que se investiguen las muertes en las cárceles.
En sus intervenciones los comisionados de la CIDH señalaron que la situación de los privados de libertad en El Salvador es motivo de preocupación para relatores de la ONU y de la CIDH, que en reiteradas ocasiones han solicitado que no se prorroguen las medidas extraordinarias de seguridad.
