Foto: Programa República SV

En el contexto de la discusión de la ley de aguas y los diferentes rechazos que hay de organizaciones sociales, ambientalistas, estudiantes, sindicatos y la iglesia, integrantes del sector privado han hecho afirmaciones, que según activistas, deben considerarse amenazas.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Federico Hernández, sugirió que se detenga la discusión de la Ley de Aguas porque según él las consecuencias podrían ser graves.

Al respecto Bernardo Belloso, de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador CRIPDES, pidió a la Fiscalía General de la República que esté pendiente del actuar de empresarios que hacen estas afirmaciones.

Gremiales del sector privado como la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) insisten en que no tienen interés de privatizar el agua.

Sin embargo, las organizaciones sociales, universidades como la UCA y la UES y la iglesia católica señalan que la integración del ente rector con mayoría de representantes privados, 4 de 5, implicaría privatizar la administración del servicio.

De acuerdo con la propuesta de la derecha legislativa, respaldada por la empresa privada, la institucionalidad del agua sería, entre otras cosas, la encargada de establecer las tarifas para su uso.