Foto: Cristosal

“Vivía en un territorio controlado por el crimen organizado. Fue amenazado por la pandilla contraria a la de su comunidad, en un transporte público. El objetivo era realizar un reclutamiento forzado; cuando la pandilla del lugar de origen se dio cuenta también empezaron las amenazas. El director de la escuela en la que estudiaba le pidió que se cambiara de centro educativo porque representaba un riesgo”.

Esta es parte de la historia de Eduardo, un niño de 12 años víctima de desplazamiento forzado en El Salvador. Él es uno de los 675 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que entre 2016 a marzo de 2018 se han visto obligados a huir de la violencia, según el informe de la organización Cristosal “Generación sin retorno”.

La zona del país más afectada por la problemática, de acuerdo con el documento, es la central. Despuntan los municipios de San Salvador, donde Cristosal registra 63 menores de edad desplazados, seguido de Soyapango con 49, Panchimalco con 28 e Ilopango 26.

El 51% de las víctimas son de sexo masculino, las cuales sufren mayor acoso de parte de agentes de seguridad y el 49% femenino, quienes son abusadas sexualmente u obligadas por maras o pandillas a las labores del cuidado.

Las familias señalaron que existe más de un victimario, pero apuntan como principales a las maras o pandillas, sobre todo la MS. Pero también, aunque en un menor porcentaje, agentes de seguridad pública, mayormente de la Policía Nacional Civil. Así lo explicó Rina Montti, Oficial Regional de la Unidad de Monitoreo de CRISTOSAL.

¿Cuáles son las razones por las que la niñez, adolescencia o juventud se ve obligada a abandonar su hogar y su comunidad a causa de la violencia?

De acuerdo con el informe de Cristosal, el 68.1% ha huido por amenazas y el 26.5% por el homicidio de un familiar, entre otras.

Un poco más de la mitad de las víctimas de desplazamiento a causa de la violencia, cuyos casos son retomados en este informe, han denunciado ante algunas institución del Estado. El 54% lo ha hecho y un 46% no. La mayoría de las personas expresaron que no denuncia es por temor a represalias.

Para Cristosal, el que el Estado aún no reconozca la existencia del desplazamiento forzado interno, provoca que la problemática no se aborde en la dimensión que requiere. Celia Medrano, directora de programas de la organización, señaló que esa postura constituye una violación a los Derechos Humanos.

Pero el gobierno asegura estar adoptando medidas para atender a las personas que se ven obligadas a huir de la violencia. La comisionada presidencial para los Derechos Humanos, María Silvia Guillén, dijo que aunque no coinciden con las organizaciones en el nombre dado a la problemática, lo cierto es que deben tomarse acciones urgentes, por lo que se comprometió a presentar el informe al Presidente de la República.

El desplazamiento forzado no solo provoca que las víctimas pierdan su tejido social, sino también afecta su economía. Este documento revela que el 66.4% de los ingresos de las familias víctimas de desplazamiento disminuyeron y el 30.9% se mantiene. Como Eduardo, un buen porcentaje deja sus estudios.

En los casos conocidos por Cristosal, la principal salida para las víctimas de este fenómeno a causa de la violencia, irse del país. El 30% dijo tener la intención de migrar hacia Estados Unidos, un 27.5% hacia Costa Rica y el mismo porcentaje hacia Guatemala.

El informe de esa organización presenta datos de los casos que han registrado y atendido, desde 2016 hasta el primer trimestre de este año. La mayoría fueron remitidos por instituciones del Estado y un menor porcentaje por otras organizaciones.