12 años tardó la Sala de lo Contencioso Administrativo en resolver una demanda por daño ambiental interpuesta por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y Herencia Natural, contra el proyecto de ampliación del campo de golf Club Campestre Cuscatlán en la Finca El Espino.

En 2006 esa zona de reserva ecológica se vio amenazada con el permiso que dio el Ministerio de Medio Ambiente, presidido en ese entonces por Hugo Barrera, durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, a la ampliación del campo de golf Club Campestre Cuscatlán.

Pese a que con el permiso se dio una evidente violación a la Ley Forestal, a la Ley de Medio Ambiente, al decreto de protección de la Finca El Espino y al principio constitucional de protección ambiental, la Sala de lo Contencioso retrasó por más de una década la resolución, señaló el asesor jurídico de la UNES, Luis Francisco López.

A pesar de que en su momento hubo una medida cautelar que frenó el proyecto de ampliación, a la fecha la Fiscalía no ha notificado si inició un proceso penal contra el Club Campestre, por daño ambiental y desobediencia de particulares, apuntó López.

Según un informe de monitoreo de FESPAD realizado en 2006, el campo de golf del Club Campestre tenía a esa fecha un área de 35.79 manzanas, y buscaban obtener 55.52 manzanas más, para lo que debían talar alrededor de 3 mil árboles.

Joaquín Galdámez, de Herencia Cultural, otra de las partes demandantes, explicó algunos daños generados por el proyecto.

Estas organizaciones afirmaron que solicitarán que se verifique si en estos 12 años, que tardó la Sala de lo Contencioso en emitir una resolución, el proyecto se llevó a cabo. Carolina Amaya, de la UNES, sostuvo que éste caso deja en evidencia que el sistema judicial no tiene como prioridad defender los bienes naturales.

Cuestionó que la Fiscalía y el órgano judicial criminalicen a defensores y defensoras del medio ambiente y no condenen a grandes empresas que explotan la tierra.

Si bien estas organizaciones condenan el retraso con el que la referida Sala emitió esta resolución, reconocieron que marca un precedente para procesos similares.

Este caso de daño ambiental en una zona natural protegida es otro ejemplo de la necesidad que existe de robustecer las leyes que protejan los bienes naturales y de la urgencia de que las instituciones responsables verifiquen su cumplimiento, sobre todo en un contexto de amenazas de privatización del agua, enfatizó la UNES.