Con la propuesta de reforma a la Ley Penitenciaria, el gobierno pretende que algunas disposiciones de las medidas extraordinarias de seguridad sean permanentes, entre ellas el control de las visitas familiares y la realización de audiencias virtuales. Estas son rechazadas por organizaciones de derechos humanos, al consideran que provocarán mayores vulneraciones a las personas privadas de libertad.

Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, indicó que diversas instancias de derechos humanos, entre ellas la ONU, señalan que las medidas extraordinarias implementadas desde 2016 han generado un incremento de violación a las garantías fundamentales, por lo que hacerlas permanentes sería un grave error, dijo.

Lo grave de que no se permita la visita de familiares y abogados de privados de libertad es que no habrá control de lo que sucede en los recintos carcelarios, además se les violenta el derecho a la defensa, señaló Abraham Abrego de Cristosal.

También, lamentaron que en el marco de la aplicación de las medidas extraordinarias de seguridad se haya elevado el número de supuestos enfrentamientos, que podrían tratarse de ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, que los agentes de seguridad señalados por estos casos no sean procesados o queden en libertad, porque no se dio una debida investigación.
El padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), agregó que existe una gran cantidad de detenciones ilegales.

Estas organizaciones reclamaron al Estado que antes de promover más reformas de ley para el combate a la criminalidad adoptadas de las medidas extraordinarias, presenten un informe técnico de los resultados que éstas han dado y que permitan la participación de las organizaciones en su debate.

Señalaron que desde la implementación de estas medidas se han duplicado las muertes por problemas de salud en los centros penitenciarios, aunque reconocen un esfuerzo del gobierno por reducir el hacinamiento.

La propuesta de reforma a la Ley Penitenciaria propuesta por el ejecutivo se discute en la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa.