Foto: Alfredo Carías

La firma de Tratados de Libre Comercio con uno o varios países provocan que los Estados se vean obligados a adecuar sus normativas internas para garantizar los derechos de las empresas sobre los de las personas. Tal es el caso de El Salvador que es parte de las naciones que suscribieron el CAFTA DR con Estados Unidos.

En el pasado, empresas como la minera Oceana Gold han argumentado que dicho tratado les permiten realizar ciertas operaciones que generan graves impactos en el medio ambiente y provocan serios conflictos socioambientales. Ahora con el caso del agua, lo que se busca es establecer en la ley, que proponen los partidos de derecha, mayores beneficios para empresas como Coca-Cola, así lo señaló Vidalina Morales, de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES) de Cabañas.

Jennifer Moore, coordinadora del Programa con América Latina de Alerta Minera Canadá, señaló que en la región es común que se establezcan beneficios legales para las empresas extractivistas.

La práctica de las empresas es realizar sus operaciones, provocar daños ambientales y en la salud y luego abandonar el territorio, como el caso de Baterías Record y el de la mina San Sebastián, señalan ambientalistas.
La Procuradora Adjunta para la Defensa del Medio Ambiente de la PDDH, Milagro Guevara, afirmó que por eso es importante que en la actual discusión de la Ley de Aguas se establezca un ente rector que evite la sobreexplotación del bien hídrico y garantice su acceso a las comunidades.

Las organizaciones, activistas internacionales y la PDDH coinciden en que la Asamblea Legislatva tiene en sus manos garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua y evitar que el ente rector de ésta sea entregado a manos privadas.
Estas declaraciones se dieron en el marco de un conversatorio realizado por la Mesa Permanente de Derechos Humanos y de Medio Ambiente en el que se abordó el tema del agua y la influencia que ejercen las empresas sobre ésta.