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En el proceso judicial contra el expresidente Elías Antonio Saca y sus exfuncionarios existe un interés de evitar que salgan a la luz nombres de altos dirigentes del partido ARENA y poderosos empresarios que podrían estar implicados en el desvío de fondos públicos, apuntó el diputado de Cambio Democrático (CD) Juan José Martel.

En declaraciones dadas a un medio televisivo, Martel cuestionó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de negociar con los imputados la reducción de la pena por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, a cambio de admitir culpabilidad en ellos.

Según la Fiscalía, Antonio Saca, quien gobernó de 2004 a 2009 bajo la bandera del partido ARENA, desvió al menos $7 millones a cuentas de ese instituto político. Sin embargo, la FGR no ha presentado ninguna acusación contra otros posibles destinatarios de los fondos desviados de Casa Presidencial.

Organizaciones cuestionan acuerdo entre FGR y acusados

Para el abogado Oscar Campos, del área de transparencia de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), es cuestionable el acuerdo entre la fiscalía y los implicados, debido a que se desconocen las razones. Coincide en que esto permite sospechar que el interés es que no se conozcan a otros implicados, señaló.

La Fiscalía ha llamado a este caso “Destape a la corrupción”. Inicialmente atribuyó a Antonio Saca, y sus exsecretarios Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes el desvío de más de $300 millones de fondos públicos; no obstante, el jefe de la unidad financiera de la FGR, Jorge Cortéz, declaró que con la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio al exmandatario, el Estado recuperará únicamente entre $25 a 30 millones.

Junto a Saca y sus exfuncionarios también son procesados Francisco Rodríguez Arteaga, Jorge Herrera y Pablo Gómez, exempleados de casa presidencial.