Para FESPAD, si bien cada administración presidencial tiene la facultad de de realizar los cambios que considere pertinentes, éstos deben hacer respetando los derechos laborales de las personas y no hacerlo de forma arbitraria y discrecional.

Por @Norma_ramirez14/Foto: FESPAD

Esta semana trascendió información sobre nuevos despidos en los medios de comunicación Televisión de El Salvador (Canal 10) y Radio Nacional. Según denunció la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, “16 periodistas y personal de Radio Nacional y Televisión de El Salvador (Canal 10) han sido obligados a renunciar”, por lo que pidió a la Procuraduría de Derechos Humanos “que realice una investigación”.

Al respecto, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la continuidad en la situación de despidos era previsible. “La supresión de 5 secretarías de Casa Presidencial a principios de la actual administración de Gobierno, y el consecuente efecto de más de 700 empleados cesados, sirvió de antesala para prever que para el final de 2019 se presentarían más despidos”, señalan en un comunicado.

La organización de derechos humanos también cuestiona que en el recién aprobado Presupuesto General de la Nación y la Ley de Salario para 2020 se haya incluido la supresión de más de dos mil plazas del sector público, “podría dar la idea que los despidos que se están concretando en estos días obedecen a dicha supresión en la Ley de Salarios”, dice FESPAD.

Agregan que “en apariencia esto podría dar la impresión de una acción positiva que el Gobierno ya que le está quitando ‘grasa’ a la administración pública. No obstante, el presupuesto aprobado también contempla la creación de un número que duplica las plazas suprimidas; con la novedad que aquellas serán bajo la modalidad de contrato, con la desventaja que esta modalidad no permite a la ciudadanía conocer el monto que se paga a cada persona contratada”.

Para FESPAD, si bien cada administración presidencial tiene la facultad de de realizar los cambios que considere pertinentes, éstos deben hacer respetando los derechos laborales de las personas y no hacerlo de forma arbitraria y discrecional. También señalan que los funcionarios deben tener en consideración derechos básicos como la estabilidad laboral y el derecho de audiencia y defensa. Asimismo no considerar como empleados “de confianza” a quienes no lo son.

“Otros, como el Ministro de Trabajo, que debería tutelar estos derechos, omite pronunciarse y se resguarda en el silencio”, señala la organización.

También consideran preocupante que la mayoría de trabajadoras y trabajadoras despedidos aceptan como “correctas esas argumentaciones y desistencia buscar justicia ante instancias pertinentes”.

Por lo que exhortan a funcionarias y funcionarios públicos a tomar decisiones apegadas a derecho.