Para Darío Escobar, padre de una migrante salvadoreña asesinada en México, presuntamente por policías, la justicia va más allá del pago que hizo la cancillería de El Salvador para los gastos de repatriación de los restos de su hija.
Por: Vilma Laínez
A más de seis meses que su hija, Senaida Escobar Cerrito, muriera de un impacto de bala en México, Darío Escobar recibió el lunes más de 4 mil dólares de Cancillería salvadoreña como parte de los gatos de repatriación del cuerpo de la joven migrante. Sin embargo, para Darío, ésta no es la justicia que junto a su familia exigen al Estado salvadoreño.
“Hacer justicia para mí es que las personas que hicieron el hecho reciban su castigo. Si ellos reciben el castigo yo estaría feliz. Para mí es que reciban cárcel porque fue a un ser humano que mataron”, dijo Darío Escobar.
Es por eso que Darío con su puño y letra escribió una nueva solicitud a la Cancillería donde le pide que el caso de su hija no termine con la entrega de los fondos económicos y la reinserción a programas de trabajo que el gobierno ejecuta para los migrantes.
“Lo que le voy a pedir es que el hecho que van a entregar este dinero, porque es un órgano de gobierno, esto no muera ahí. Lo que quiero es que siga el caso, que nos sigan ayudando para llegar al final, como quise siempre, que se haga justicia. Hasta ahí, cuando vea que se hizo justicia, que esas personas recibieron el castigo hasta ahí va estar el final”.
Darío Escobar es del cantón San Antonio del municipio de Victoria del departamento de Cabañas. Regresó de Estados Unidos el pasado mes de junio, luego de enterarse de la muerta de su hija a manos de supuestos policías federales de México. Vivió en ese país por 10 años trabajando bajo el sol para ayudar a su familia en El Salvador.
Su hija Senaida de 19 años de edad decidió viajar a Estados Unidos al igual que lo hicieran sus otras hermanas de forma irregular con la esperanza de tener una vida mejor. En el cantón San Antonio no hay fuentes de trabajo y la mayoría de jóvenes optan por irse al país del norte.
Sin embargo Senaida murió a manos de supuestos policías la noche del 14 de junio, cuando el vehículo donde se conducía con otros migrantes se brincara un punto de migración en el Estado de Veracruz .
“Tenía más posibilidades el gobierno de pedir ayuda o de hacer el esfuerzo de solicitar eso, porque a ella la habían matado. No había sido ahogada ni nada, la mataron. Era más necesario. El gobierno tiene que ver por nosotros, los salvadoreños, y no lo hizo”, indicó Darío.
Un caso emblemático
La abogada de Cristosal, Norma Fernández, aseguró que sobre el caso de Senaida Escobar el gobierno salvadoreño no ha actuado de forma activa para garantizar que se esclarezca el hecho y se deduzcan responsabilidades, a pesar que lo podría hacer a través del embajador en México.
“No hemos visto una representación activa del caso de ella y más allá porque también lo que sucedió a la hija de don Darío fue cuando las medidas migratorias se intensificaron en la frontera y se militarizaron. De hecho, el asesinato de ella, fue el primero desde que se realizaron esas medidas migratorias. El caso en sí es un caso emblemático en que el Estado no ha respondido bajo la figura de protección o bajo la figura de representación a sus nacionales”, sostuvo la abogada Fernández.
El 22 de junio, el gobierno de México aseguró que investigaba la muerte de una migrante salvadoreña, quien habría sido atacada por hombres vestidos con informes policiales: no obstante, seis meses después, la familia de Senaida no ha sido informada por parte de las autoridades salvadoreña sobre el avance de esas investigaciones.
