Consideran que no hay razones de peso para que el Órgano Ejecutivo vete dicha ley que podría ser aprobada este jueves, por lo que piden al presidente de la República poner en primer plano la atención a víctimas de este flajelo.

Por: Krissia Girón

El pasado lunes 6 de enero, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad un dictamen favorable para la Ley Especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado, la cual se someterá a votación en la sesión plenaria del jueves.

Las y los representantes de Cristosal ven con optimismo esta decisión, ya que consideran que la ley contempla los estándares mínimos contemplados en normativas internacionales, además de obligar al Estado a crear mecanismos de protección a víctimas, así lo dijo Celia Medrano, directora de CRISTOSAL.

“Contar con una legislación específica constituiría una normativa de obligatorio cumplimiento para todas las instancias del Estado, y obliga a la misma a generar acciones interestatales y coordinadas en diferentes instancias no sólo del Ejecutivo, sino que en todas las instituciones del Estado”, afirmó.

Para Abraham Ábrego, director de atención a víctimas de CRISTOSAL, se encontraron algunos vacíos en dicho proyecto que, afirman, pueden reforzarse más adelante. “La ley no retoma la propuesta que hizo Cristosal, pero se puede generar en un futuro esa discusión, que era financiar a partir de una reforma a la ley de armas, incrementando el impuesto al valor en armas y al CESC”.

Al respecto, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales retomó la propuesta de financiamiento que el Ejecutivo hacía en su proyecto de ley, para que esta se incorpore en el Presupuesto General de la Nación y sea el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública el ente rector responsable de la garantía de fondos. Sobre esto, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, explicó que se preparan para su implementación.

“Ya realizamos algunas preparaciones, incluso le cambiamos nombre a la oficina de atención a víctimas, ahora se llama Dirección Nacional de Atención a Victimas y Desplazamiento Forzado. Sin embargo, el presupuesto de esta dirección no es el que esperábamos, me imagino que después de la aprobación de esta ley habrá que buscar recursos por parte del Ministro de Hacienda para que puedan ser asignados a la cartera de seguridad”, expresó el titular, quien afirmó que han habilitado 25 oficinas de atención a víctimas a nivel nacional, brindando atención psicológica y legal.

De acuerdo al registro del Sistema Regional de Monitoreo, del cual Cristosal es parte, solo en El Salvado se observan 693 casos, donde en más del 50% de los casos las víctimas son niñas, niños y adolescentes menores de 17 años y mujeres; además, refleja que la mayor parte de víctimarios son miembros de pandillas, otras personas que contratan a grupos delincuenciales, y cuerpos de seguridad como la Policía y la Fuerza Armada. Cristosal indicó que los departamentos donde han registrado más casos son San Salvador, La Libertad, Usulután, Morazán y San Vicente.

En este contexto, Cristosal destacó que no hay razones de peso para que el Órgano Ejecutivo vete dicha ley que podría ser aprobada este jueves, por lo que piden al presidente de la República poner en primer plano la atención a víctimas de este flajelo.

Quién también se pronunció a favor del dictamen favorable para la ley de protección a víctimas de desplazamiento forzado fue el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, que reconoció como un avance importante en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional en el Amparo 411/2017 donde reconoce que existe este fenómeno en el país. Al respecto, Tobar recomendó a la Sala realizar un seguimiento del cumplimiento de dicho amparo, para generar un impacto favorable en la atención y protección a víctimas.