Uno de los principales temas presentados como logros durante el primer año de gestión del presidente Nayib Bukele, es la reducción de homicidios. Pese a ésto, organizaciones señalan que delitos como los feminicidios se mantienen al alza y cuestionan la estrategia de militarización y enfoque represivo del Plan Control Territorial, política de seguridad pública del Ejecutivo. Fuentes consultadas por la Red Informativa de ARPAS, consideran que estas prácticas han sido utilizadas en otros gobiernos.
Por: Krissia Girón, con aportes de Norma Ramírez / Foto: Presidencia
La seguridad pública ha sido uno de los principales “estandartes” del gobierno de Nayib Bukele, desde su toma de posesión el 1 de junio de 2019. La reducción de los homicidios, el combate a las pandillas y la reconstrucción del tejido social son los temas que han abanderado su estrategia, en uno de los países catalogado como de los más violentos de Latinoamérica.
Tras asumir el cargo, la reducción de homicidios a nivel nacional se colocó como uno de sus primero logros. Hasta la fecha, se registran 23 días sin homicidios en toda la gestión, según lo informó el mismo presidente Bukele.
“Cerramos el primer año de gobierno como el año más seguro en toda la historia de El Salvador, y con el mes más seguro. En 40 años, si contamos la guerra, no tuvimos un mes con menos de 200 homicidios. Ayer cerramos un mes con 63”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa el 1 de junio.
Con estos resultados, “la delincuencia está controlada”, aseveró el presidente Bukele.
Para cumplir con su estrategia, fueron desplegados más de 5 mil agentes de la PNC y el Ejército, a quienes delegó el combate frontal contra las pandillas. Además, abrió las puertas de la FAES para el reclutamiento de nuevos soldados y dio un mayor protagonismo a estos cuerpos de seguridad.
Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional Civil (PNC) de han sido cuestionadas por violaciones a derechos humanos y abusos de autoridad en los últimos años. Además, la estrategia de seguridad es, para organizaciones sociales, carente de un enfoque de derechos humanos y de género.
Plan Control Territorial
La estrategia de seguridad de Bukele fue denominada “Plan Control Territorial”. Este arrancó a las cero horas del 20 de junio de 2019 y se ha enfocado -por lo que se conoce- en tres áreas: el control de los centros penales, la interrupción del financiamiento del crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.
Entre las acciones realizadas se encuentran el bloqueo de señal de telecomunicaciones en centros penales, estrategia de control territorial con mayor presencia de efectivos policiales y militares en los lugares “donde se cometen los ilícitos”, y otras que anunció el 18 de junio, dos días antes de poner en marcha este plan.
A la fecha no se conoce públicamente el documento de este plan, que contengan sus objetivos, funcionamiento, fases y otras acciones encaminadas a controlar la seguridad. De hecho, el mandatario dijo que “el 90% de la información” del Plan Control Territorial “es clasificada”.
El hermetismo con que la información y estadísticas de seguridad se han manejado es, para Jeannette Aguilar, investigadora de temas de seguridad, una de las características que ha marcado el primer año de Bukele.
“La opacidad con la que ha manejado la gestión de seguridad ha impedido que conozcamos la propuesta programática. Lo que algunos asumismo es que, probablemente, nunca formularon una política pública como tal, con un enfoque estratégico y acciones de corto, mediano y largo plazo”, dijo Aguilar a la Red Informativa de ARPAS.
Para la investigadora, es preocupante que la política de seguridad del gobierno de Bukele no contemple un enfoque de derechos humanos, transparencia o participación ciudadana.
“No hemos tenido nada de esto, ni siquiera en discurso de los funcionarios ni mucho menos en la política pública. Todo lo contrario, lo que ha marcado -como rasgos predominantes- es una enorme opacidad, la improvisación, una gestión centralizada y autoritaria de la seguridad, la militarización, irrespeto a la ley, violaciones a derechos humanos y una creciente desnaturalización de las instituciones de seguridad”, afirmó.
Otro de los aspectos cuestionados alrededor del Plan Control Territorial ha sido su financiamiento.
El 11 de julio de 2019, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, explicó a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que las acciones del plan “Control Territorial” se ejecutarán de 2019 a 2021, y que para éstas se requiererían $575.2 millones en total. La gestión de los fondos, según el funcionario, se realizaría de acuerdo a las fases del plan.
Para la primera fase, el gobierno solicitó a la Asamblea la autorización para reorientar fondos por poco más de $30 millones, lo que fue aprobado en julio de 2019.
Esta primera parte de ejecución del plan fue duramente cuestionada por priorizar en el enfoque represivo, que devino en violaciones a derechos humanos según denunciaron organizaciones.
La segunda fase, llamada “Oportunidad” costaría al Estado $91 millones, informó el Gobierno. Para ésta, se requería la gestión de un préstamo.
Según el presidente Bukele, las acciones estarían orientadas a la prevención de la violencia y a evitar que jóvenes ingresen a grupos delincuenciales. La gestión de los fondos fue avalada por la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el 11 de mayo pasado, el presidente Nayib Bukele, afirmó que dicho para esta estrategia no ha recibido “un solo centavo”.
“Este Gobierno aún no ha recibido NI UN SOLO CENTAVO en préstamos, ni para el #PlanControlTerritorial, ni para la lucha de la pandemia #COVID19. Hemos tenido reorientaciones, autorizaciones para negociar, discursos y votaciones. Pero fondos de préstamos: $0.00”, expresó en su cuenta de Twitter.
¿Qué tan cierta es la afirmación de Bukele? El economista José Luis Magaña, de la organización Panorama Económico, sostiene que los fondos no han llegado al Ejecutivo debido a que “el préstamo de $91 millones de la fase II no se ha ratificado, porque el Ejecutivo debe llevar el contrato de préstamo con el BCIE. Si no los tiene (los fondos) es porque el gobierno no ha presentado los requerimientos”.
Es importante recordar que el Ejecutivo necesita que la Asamblea Legislativa le autorice la gestión de fondos de empréstitos. Al tenerlos, éstos son presentados nuevamente al Parlamento para su ratificación y ejecución.
Además, José Luís Magaña explicó que el Presupuesto General de la Nación 2020 incluyó incrementos para los ministerios de Defensa Nacional y Seguridad Pública, los cuales son mayores a los de años anteriores desde el 2000. Éstas instituciones tienen un rol protagónico en la estrategia de seguridad gubernamental.
La discusión sobre gastos que terminó en la militarización de la Asamblea Legislativa
En medio del debate legislativo sobre la aprobación del préstamo para el plan Control Territorial, funcionarios del gobierno fueron duramente criticados y se dejó entrever la negativa de parte del gobierno en transparentar algunas de sus acciones.
A través de redes sociales se difundieron fotografías en las que el director de Centros Penales, Osiris Luna, viajaba a bordo de un jet privado, ¿cuál era su destino y quién financió el viaje? Dicha información fue negada por el Gobierno.
La información se conoció a través de una investigación periodística que reveló que Luna viajó a México y que esto fue pagado por una empresa de seguridad de dicha nación.
Ante la negativa de dar información sobre sus viajes, el director enfrentó también un proceso en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Al respecto, la Red Informativa de Arpas reveló que Luna, a través de su apoderado legal, notificó al IAIP que no proporcionaría la información sobre sus viajes, que se avocaría a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que pedía no ser sancionado.
“El viaje de Osiris Luna, director de Centros Penales, fue bastante significativo porque, no existe información oficial más allá de las filtraciones conocidas en notas periodísticas que dicen que fue financiado por la empresa mexicana Grupo SeguriTech, proveedora de equipos de video vigilancia y seguridad y justamente gran parte de este préstamo estaba destinado a la compra de este rubro”, explicó.
Este hecho llamó la atención debido a que el gobierno anunció que la Fase 3 del Plan Control Territorial estaba orientada a la modernización de las instituciones de seguridad.
“Cuando el dictamen pasa al plenario ya no cuentan con la correlación de votos porque a las sombras está este gasto, que está en contra de la Ley de Ética Gubernamental”, dijo el economista José Luis Magaña, quien considera que este hecho entrampó la discusión en la Asamblea Legislativa.
Al calor de las tensiones entre ambos Órganos de Estado por la discusión de ese préstamo, El presidente Bukele anunció que, con base en artículo 167, numeral 7, el Consejo de Ministros convocó a una plenaria extraordinaria a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, para dar su visto bueno a la aprobación del préstamo del BCIE. La Asamblea dijo que esta convocatoria, no era procedente.
Esto devino en la decisión del presidente de ingresar a la Asamblea Legislativa, acompañado de militares.
Rol protagónico de los cuerpos de seguridad
Desde el inicio de su gestión y de la aplicación del Plan Control Territorial fue notable el amplio despliegue de agentes de la PNC y efectivos del Ejército para recuperar los territorios controlados por pandillas. Una decisión cuestionada por organizaciones sociales y de derechos humanos.
La militarización de las tareas de seguridad pública no es un recurso nuevo, afirmó a la Red Informativa de ARPAS el politólogo Danilo Miranda. A su juicio, pese a que en el discurso oficial se ofrecen “nuevas ideas” y se rechaza “las viejas tácticas”, la estrategia de incorporar a la Fuerza Armada ha sido utilizada por gobiernos anteriores.
“En realidad es una fuerza política que abraza los valores más viejos de El Salvador, de las más viejas derechas y de los sectores más reaccionarios, como el militarismo y el conservadurismo religioso. Esto ha estado presente en los gobernantes anteriores”, señaló.
Miranda recordó que, de hecho, durante los gobiernos del FMLN la participación de la FAES fue incorporada a las tareas. “El (ex)presidente Funes nombró a unos militares como titulares de seguridad pública, lo que fue declarado inconstitucional”, sostuvo.
Por eso, el politólogo considera que “este gobierno es una continuidad de procesos anteriores”.
Las acciones de la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele han estado marcadas por una serie de denuncias por violación a derechos y abusos de autoridad por parte de los cuerpos de seguridad, según lo han señalado organizaciones sociales.
Las juventudes y las mujeres, son dos de los grupos poblaciones más afectados, consideró Tatiana Alemán, del Movimiento Los Siempre Sospechosos de Todo.
Alemán señaló que las autoridades de seguridad mantienen prácticas de estigmatización hacia quienes consideran “el enemigo” y que -principalmente- son personas que viven en condiciones de pobreza.
“Una cosa es perseguir el delito, es decir investigar una conducta delictiva con base a los hechos y con herramientas científicas que nos permitan acercarnos a la verdad, pero no pasa eso. Se instaura la figura del enemigo y esto no es nuevo”, expresó.
Según un monitoreo realizado por Los Siempre Sospechosos de Todo, sobre operativos policiales y capturas desde el inicio de la gestión de Nayib Bukele, desde finales de junio de 2019, habían sido capturadas 355 personas.
Datos difundidos por el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, a la fecha se registra la detención de 38,947 personas “en su mayoría homicidas y extorsionistas”, expresó en redes sociales. “También hemos asestado duros golpes a estructuras de narcotráfico incautando droga, cuyo valor asciende a los $7.3 millones”, dijo el funcionario.
¿Se puede confiar en los datos oficial? Tatiana Alemán considera que no, de hecho cuestiona la transparencia en las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), no solo a partir de su experiencia en la falta de respuesta de información pública, sino por los casos que registran de jóvenes capturados en otras situaciones, fuera de los operativos oficiales.
“Hemos registrado casos de jóvenes que no han sido detenidos en un operativo, pero hay un patrón: antes de sus procesos judiciales han sido víctimas de acoso policial, cateos, toma de fotos de sus documentos y luego se viene la detención donde no hay claridad de cuál es el delito, porque en los papeles dice otra conducta delictiva. Los reportes policiales a veces no coinciden. Esas incongruencias debemos tomarlas en cuenta”, relató a la Red Informativa de ARPAS.
Misma opinión tiene Gustavo Martínez, de la Asociación Azul Originario. Para él, persiste el “temor” en las comunidades hacia los elementos de seguridad. “Aún no podemos ver a los agentes con la confianza de que me va a ayudar”, expresó.
“Es necesario empezar una depuración de los malos elementos e iniciar una transformación de estas instituciones. Todavía las juventudes continúan siendo estigmatizadas y criminalizadas, vemos como hay redadas donde en los cantones se llevan a todo un grupo por el simple hecho de ser jóvenes, sin ninguna investigación clara”, agregó.
Por su parte, Tatiana Alemán fue enfática en decir que desde el Estado se debe velar porque las población cuente con condiciones de vida dignas y oportunidades que permitan la prevención de los hechos delictivos, lejos de un enfoque represivo y estigmatizador.
“El derecho a la vida no lo es todo. La vida no solamente depende de si alguien te mata o no, sino cómo vivís esa vida y el presidente (Bukele) no le está apostando a eso. Si las personas no tienen las condiciones necesarias para vivir dignamente, no podría asegurar que se va a detener la violencia en El Salvador”, considera la defensora de derechos humanos.
Organizaciones también han cuestionado las formas en las que el gobierno maneja el sistema carcelario, principalmente en lo relacionado a las pandillas. Desde el inicio de su gestión, Bukele aseguró que no permitiría que se siguieran dando “órdenes desde las cárceles”.
De hecho, tan solo un par de semanas después de asumir la presidencia, Bukele ordenó emergencia en Centros Penales, tras el asesinato de dos militares. Esta acción fue calificada por jueces como “ilegal”, dado que el mandatario no siguió el procedimiento establecido en la Ley Penitenciaria.
Tras varios meses en los que la reducción de homicidios se mantuvo, en abril ésta tuvo un repunte, que llevó al presidente Bukele a autorizar a cuerpos de seguridad hacer uso de “la fuerza letal” y -de nuevo- decretó emergencia en Centros Penales.
“Encierro absoluto 24 horas al día, durante todos los días, mientras duren los operativos policiales”, ordenó Bukele.
Marcada ausencia del enfoque de género en las políticas de seguridad
El plan Control Territorial, principal política de seguridad del gobierno, tuvo otro duro cuestionamiento: La ausencia de un enfoque de género.
El incremento de la militarización de la seguridad pública y la poca apuesta por fortalecer a las Unidades Institucionales de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia, preocupa a las organizaciones de mujeres.
En septiembre de 2019, la Red Feminista Frente a la Violencia hacia las Mujeres (Red-Fem) se pronunció respecto a esta situación y demandaron al gobierno atender la seguridad de las mujeres, con las particularidades que eso requiere.
“Tenemos información de que varias UNI MUJER están quedándose solas”, señalaron entonces.
La presencia de militares en la seguridad pública, además, pone en riesgo a las mujeres y niñas en las comunidades, dijo a la Red Informativa de ARPAS, América Romualdo, coordinadora de Las Dignas.
“El desplegar hombres armados a los territorios hace que las mujeres estemos más inseguras porque estos agentes generan acoso y violencia sexual. En lo que menos se piensa es en las mujeres como sujetas sociales y como sujetas del desarrollo que se pretende lograr en el país”, aseguró en la entrevista del programa radial Voces en Contacto.
Romualdo lamenta que en el primer año de gobierno del presidente Bukele, se hayan colocado en instituciones claves, como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) a personas “con ningún tipo de capacidad en estas áreas, pensando que el enfoque de género no es necesario”, expresó.
Las autoridades reportaron que en 2019 hubo una reducción del 40% en los casos feminicidios. De enero a diciembre de ese año se registraron 230; 156 menos que en 2018, donde se contabilizaron 386 muertes violentas de mujeres.
Para la Organización de Mujeres Salvadoreña por la Paz (ORMUSA), si bien se registra una disminución en los homicidios y feminicidios, los datos de violencia contra las mujeres se mantuvo en algunos delitos específicos como la violencia sexual, intrafamiliar y las desapariciones de mujeres.
Datos de 2019 del Instituto de Medicina Legal (IML) registran 2,894 reconocimientos por violencia sexual, es decir, 8 casos diarios. De éstos, el 75% se cometió en niñas y adolescentes menores de 17 años, incluyendo 848 casos de menores de 11 años.
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de ORMUSA registró 676 desaparecidas en 2019, con un aumento del 17% lo que equivale a 116 mujeres más.
Por su parte, la Procuraduría General de la República registró 1,172 procesos diligenciados por violencia intrafamiliar y de pareja, es decir alrededor de 4 denuncias diarias. El Observatorio de ORMUSA señala que en este registro se incluye la violencia contra la familia, que se realiza por parte de parientes, vecinos u otros, y la violencia de pareja.
A éstos datos alarmantes se suman los registrados durante la pandemia por COVID-19. Las organizaciones señalan que la violencia contra las mujeres -solo en este período- incrementó en un 70%.
Para las organizaciones de mujeres es urgente que el Estado en su conjunto fortalezca los mecanismos de denuncia y acceso a la justicia hacia las mujeres víctimas de las diferentes expresiones de violencia, así como velar por una mejor aplicación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.
Según una encuesta realizada a finales de 2019 por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, el 63% de la población consultada consideraba que la delincuencia disminuyó, durante los primeros seis meses de gestión de Bukele. Esto, según el IUDOP, se debe a tres factores: lo que la gente percibe en materia de seguridad; a la figura del presidente y a la gestión que hace el gobierno. “Estas opiniones favorables las capitaliza el presidente de la República”, analizó la UCA en su encuesta de fin de año.
Organizaciones sociales han exhortado al presidente a utilizar el respaldo social que se muestra en las encuestas para realizar cambios en favor de la población, no olvidando el respeto a los derechos humanos y a las reglas democráticas.
De hecho, en el marco de su primer año de gestión, la organización Amnistía Internacional le exhortó a dar un “giro radical” en sus políticas.
