Desde militares, testigos que estuvieron presentes el día del crimen hasta investigadoras/es que fueron armando las piezas perdidas de un rompecabezas que el mismo Estado buscaba ocultar. Estas fueron las revelaciones más importantes en la Audiencia Nacional de España, donde se llevó a cabo el juicio por la masacre de los jesuitas de la UCA. El único procesado es el exmilitar salvadoreño Inocente Orlando Montano.
Por: Krissia Girón / Foto: Centro Guernica
Por 8 días, en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, desfilaron las pruebas contra el coronel salvadoreño Inocente Montano, por el asesinato de los padres jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el 16 de noviembre de 1989. Ahí, desfilaron desde ex militares y testigos que estuvieron presentes el día del crimen, hasta investigadoras/es y otros actores que fueron armando las piezas perdidas de un rompecabezas que el mismo Estado buscó ocultar.
El primero en declarar fue el único procesado por la masacre de la UCA, Inocente Montano, quien aseguró que su labor en la Fuerza Armada era netamente administrativa y no estaba en sus manos la responsabilidad de tomar decisiones como la de ingresar al campus de la universidad y asesinar a los jesuitas, Elba y Celina Ramos.
Sin embargo, durante el resto del juicio se presentaron documentos y testimonios que daban cuenta de su participación en el alto mando militar que decidió, según las pruebas de la acusación particular y la fiscalía española, el asesinato premeditado de Ignacio Ellacuría.
Una de las frases reiterada en diferentes testimonios durante el juicio y que se colocó en boca de miembros del alto mando fue: “matar a Ellacuría y no dejar testigos. O son ellos, o somos nosotros”.
Uno de los testigos claves fue el ex militar Yushsy René Mendoza, quien fue jefe de sección de la Escuela Militar y uno de los condenados en el juicio realizado en El Salvador en 1990, junto con el general Guillermo Benavides, por el asesinado de los sacerdotes jesuitas, Elba y Celina Ramos. Mendoza pasó de ser imputado a testigo clave en el juicio desarrollado en España.
Mendoza señaló al alto mando militar, conformado por General Rafael Bustillo; Cnel. Francisco Elena Fuentes; Gral. René Emilio Ponce; Gral. Juan Orlando Zepeda y el Cnel. Inocente Orlando Montano, como el grupo que decidió la muerte del padre Ignacio Ellacuría “sin dejar testigos”.
Zepeda, Montano y Ponce formaban parte del grupo denominado “La Tandona”, la promoción de militares graduados en 1966 y quienes han sido acusados de diferentes violaciones a derechos humanos cometidas en la guerra civil.
Además, apuntó al expresidente de la República, Alfredo Cristiani, quien dijo fue conocedor de los hechos y nunca dio una “contraorden” sobre lo que iba a suceder la madrugada del 16 de noviembre.
“Segun la orden del coronel Benavides, si no hubo contraorden es porque el presidente -Cristiani- tuvo que haberlo aprobado”, declaró.
Además, describió cómo la Comisión de Investigaciones de Hechos Delictivos y la Comisión de Honor que investigaban el caso, realizaron una serie de estrategias que buscaban ocultar la participación del alto mando en la toma de decisión sobre el asesinato y dejar la responsabilidad sobre los hombros de Guillermo Benavides.
En ese sentido, también señaló al abogado Rodolfo Parker, ahora diputado por el PDC, como uno de los juristas que cambiaron las declaraciones de algunos testigos y decían a los militares “lo que tenían que decir”.
También, Mendoza reconoció una libreta redactada por Benavides, que denominaron en el juicio como “el diario de Benavides”, el cual detalla quiénes tomaron la decisión del crimen, quiénes participaron de las reuniones y otros detalles sobre lo que sucedió el 16 de noviembre.
El desfile de pruebas y testigos durante el juicio pudo constatar lo declarado por Yushsy Mendoza y por las investigaciones en torno al caso que se han realizado en los últimos años. Por ejemplo, los ex fiscales Henry Campos y Sidney Blanco, fueron plasmando con ejemplos cómo el Estado confabuló para ocultar la verdad de los hechos.
“Hubo una mentira sistemática, ocultamiento de pruebas, amenazas, bloqueos para obtener información, una especie de confabulación estatal a través de sus respectivos agentes para obstaculizar el descubrimiento de la verdad”, detalló Sidney Blanco.
Entre los ejemplos, comentaron que los mismos fiscales generales de la época dieron órdenes a los abogados Campos y Blanco, de mantenerse al margen, al tiempo que realizaban maniobras para no darles los avisos sobre el caso o no dejarlos salir del edificio.
Uno de los avisos que llegó tarde a las manos de los fiscales fue sobre la declaración del entonces presidente, Alfredo Cristiani. Sin embargo, más tarde lograron leer su contenido: “En la declaración del expresidente Cristiani aparece, yo la leí, que reconoce que estuvo presente en una reunión, reconoce que autorizó el cateo previo, pero no reconoce que ordenó matar o mandó a ejecutar la muerte de los jesuitas”, relató Campos.
Este reconocimiento de Cristiani fue confirmado dos días después en el juicio por Jorge Galán, escritor de la novela “Noviembre”. En una entrevista con él, Cristiani reconoció que muchas de las pruebas que pudieran dar con los responsables de la masacre de los jesuitas fueron destruídas.
Entre las confesiones principales que el escritor recordó de la entrevista con Cristiani fueron dos: la primera, que las grabaciones de la escuela militar habían sido destruídas y, por tanto, no tenían pruebas para llevar a la justicia a ningún actor intelectual; y la segunda, Cristiani respondió sí, al consultarle si había otros autores intelectuales más allá de Benavides, sobre la participación del Estado Mayor y confirmó, según Galán, que no solamente eran miembros de la “Tandona”.
La grabación de esta entrevista está en poder de la Audiencia Nacional y también es parte de las pruebas presentadas contra Montano.
Las piezas encontraron su rumbo también con la declaración de un ex miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, Luis Parada, quien afirmó que “supo desde el primer momento” que la versión oficial que buscaba culpar al FMLN de la masacre en la UCA no era sostenible, debido a la gran cantidad de pruebas que señalaban hacia la FFAA.
Parada describió cómo se encubrieron a los responsables materiales e intelectuales desde las mismas instituciones del Estado, lo cual se confirmó años después con el análisis de información desclasificada por Estados Unidos. Además, descubrió por sí mismo que existía todo un plan de encubrimiento de los hechores por parte de la institución castrense.
Esta información era de conocimiento de la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, según los informes de peritaje realizados por la profesora Terry Lyn Karl, quien analizó miles de documentos desclasificados que dan cuenta de la participación del alto mando en la decisión del crimen y en el encubrimiento de los hechos.
Karl confirmó que la razón por la cual los líderes de “la Tandona” decidieron asesinar a Ignacio Ellacuría y a los jesuitas de la UCA fue precisamente por su liderazgo en las negociaciones de paz. Dijo que hay dos hechos que muestran la premeditación del crimen contra los jesuitas: La campaña de odio desde la Radio Cuscatlán y el cateo de la residencia de los jesuitas unos días antes del crimen.
Dicha campaña fue confirmada por la mayoría de testigos en el juicio, como el padre José María Tojeira, el ex director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Benjamín Cuéllar, el escritor Jorge Galán, los ex militares Yushsy René Mendoza y Luis Parada, entre otros.
Radio Cuscatlán, emisora a cargo del Ministerio de la Defensa, fue el altavoz de aquellos que buscaban silenciar el llamado de Ellacuría -y el resto de jesuitas- a terminar la guerra civil por la vía del diálogo. Las llamadas al aire y mensajes que pedían la muerte de los sacerdotes jesuitas fue, para algunos testigos que declararon en el juicio, una premonición de lo que ocurriría el 16 de noviembre.
Cuando comenzó la ofensiva de la guerrilla del FMLN el 11 de noviembre de 1989, los medios de comunicación se enlazaron a una cadena radial. Al aire se escuchaban las llamadas que pedían, sistemáticamente, la muerte de Ellacuría, Martín Baró y Segundo Montes, los rostros más visibles de la UCA. Otros hablaban genéricamente de “los jesuitas”. “Todos los que hablaban de paz, eran enemigos públicos”, dijo el padre José María Tojeira en su testimonio ante la Audiencia Nacional.
Tojeira estuvo a 40 metros del lugar de los hechos, esa madrugada del 16 de noviembre. Por la mañana, recibió el aviso del crimen de dos fuentes: la primera, el esposo de Elba y padre de Celina, Obdulio Ramos; la segunda fue Lucía Cerna, quien junto a su esposo, Jorge Cerna, vieron como los soldados entraban y salían de las instalaciones de la UCA, mientras escuchaban disparos y explosiones en el recinto.
La familia Cerna fue expuesta a tortura psicológica. Así lo declararon en este juicio, y en procesos anteriores, luego de describir cómo, al ser trasladados a Miami, Estados Unidos para su exilio, fueron entregados al FBI por Richard Chidester, asesor de la Embajada norteamericana, e interrogados por apróximadamente una semana por el coronel Manuel Rivas Mejía, quién estaba a cargo de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) quien ejerció violencia verbal y psicológica con los esposos.
En el juicio también se reveló que ex funcionarios y diplomáticos de El Salvador viajaron a España para buscar “salidas alternas” a la querella interpuesta en la Audiencia Nacional contra el ex presidente Cristiani y el resto de acusados de la autoría intelectual de la masacre.
Al entrar en la fase de conclusiones del juicio, la acusación pidió la absolución para Yushsy Rene Mendoza y 150 años para Inocente Montano. La fiscalía Española dijo que «ha quedaro clara» la participación de Montano.
La Fiscalía afirmó en sus conclusiones que La Tandona reúne todos los requisitos para catalogarla como organización terrorista. “Las caracteristicas del asesinato son las de un crimen terrorista, cuyo blanco principal era el padre Ellacuría”, aseveró la fiscal.
“El padre Ellacuría era el puente entre las partes para finalizar con el conflicto por la vía del diálogo. Los autores pensaron que eliminando al sacerdote seguirían en el poder con la sistematica violación a ddhh que mantenían en esa época”, sostuvo. Agregó que, pese a que han pasado 30 años, en las declaraciones de Montano aún es evidente la “animadversión” que sentía en aquel momento respecto a los padres Jesuitas.
La defensa de Montano pidió su absolución y, en caso de condena, que se le aplique las eximientes de estado de necesidad, fuerza irresistible y miedo insuperable.
Manuel Ollé, abogado de la querella, dijo: “Montano y el Alto Mando son criminalmente responsables porque tenían el dominio total del aparato organizado de poder que adoptó estratégicamente el plan y supervisó la ejecución del asesinato de Ellacuría».
Por su parte, Montano, quien por primera vez dio el pésame a los abogados de la familia de los jesuitas, ha negado su participación en los hechos y eximió de responsabilidad al alto mando militar de aquel entonces.
«Juro ante ustedes y mi dios que no estoy mintiendo. No participé en ninguna reunión donde se dijera que había que matar a los curas”, declaró en el juicio.
Martín Pallín, abogado particular de los hermanos del padre Ignacio Martín Baró, concluyó: «En la madrugada del 16 de nov. las FFAA cortaron 8 rosas pero no han conseguido matar la primavera. El prestigio y la bondad de los padres jesuitas ha quedado inalterado para la historia”.
En el juicio histórico por esta masacre que se realiza en la Audiencia Nacional de España se procesa únicamente al ex militar salvadoreño, Inocente Montano, por el asesinato de los padres jesuitas de la UCA, ocurrida en noviembre de 1989. Montano está siendo procesado solo por los 5 sacerdotes de nacionalidad española. Un proceso que, a juicio de la profesora Terry Karl, “debió haberse llevado a cabo en El Salvador”.
En nuestro país, mientras tanto, sigue en el tintero el proceso judicial contra los autores intelectuales y materiales de la masacre en la UCA. En marzo del 2019, la Cámara Tercera de lo Penal confirmó la reapertura del proceso judicial e investigación de los acusados.
Para Joaquin López, Elba y Celina Ramos, la justicia sigue pendiente.
